Fiscalía judicializó entre agosto y septiembre a 275 presuntos abusadores de niños en Colombia
La Fiscalía General de la Nación informó que 275 personas fueron identificadas y judicializadas por su presunta participación en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, como resultado de una estrategia investigativa focalizada desarrollada entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026.
De acuerdo con el organismo, las actuaciones se concentraron principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá, en el marco de los llamados ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, iniciativa orientada a fortalecer las investigaciones relacionadas con hechos que afectan la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad.
Para el desarrollo de los procesos participaron fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) y fiscales especializados de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).
Según la Fiscalía, durante estas actuaciones fueron imputados delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años. De las 275 personas presentadas ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.
La entidad señaló además que las labores de policía judicial permitieron establecer que, en una parte significativa de los casos investigados, los presuntos agresores pertenecerían al entorno familiar o cercano de las víctimas, incluyendo personas que tenían relaciones de confianza con los menores.
Entre los casos reportados está el de un hombre identificado como Luis Alfonso Guzmán, quien fue enviado a un centro carcelario por su presunta responsabilidad en hechos de carácter sexual contra un adolescente de 15 años, ocurridos el pasado 10 de agosto en una fundación ubicada en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Según la investigación, el procesado habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con la víctima para trasladarla hasta un apartamento. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado.
En Soacha, Cundinamarca, otro hombre fue judicializado por presuntamente someter sexualmente de manera reiterada a una prima entre 2015 y 2020, cuando ella era menor de edad. En este caso fue vinculado a un proceso por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años y recibió medida de aseguramiento.
En Medellín, Antioquia, un hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido en agosto de 2025 y estarían relacionados con una niña de siete años, quien sería su hijastra. El procesado fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, ambos agravados.
La Fiscalía también reportó una investigación en Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada, en la que dos hombres son señalados de haber agredido sexualmente a cuatro niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas entre 2010 y 2025. Según el expediente, uno de los procesados habría dejado en embarazo en dos oportunidades a una víctima de 13 años y las niñas que nacieron posteriormente también habrían sido víctimas de agresiones sexuales. Los hombres fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por diferentes delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Uno de ellos aceptó los cargos.
Otro de los casos corresponde a José María Leite Barazana, docente de una institución educativa de Carurú, Vaupés, quien fue judicializado por su presunta participación en abusos sexuales contra cuatro estudiantes menores de edad durante 2025. La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
La Fiscalía destacó que estos resultados hacen parte de una estrategia orientada a fortalecer la investigación de delitos sexuales contra menores y llevar ante la justicia a quienes estarían involucrados en este tipo de hechos. Al mismo tiempo, la entidad resaltó la importancia de fortalecer los entornos de confianza y protección de niños, niñas y adolescentes, así como generar espacios de diálogo que permitan identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar que las víctimas puedan expresar oportunamente lo que les ocurre.
Los procesos judiciales continuarán su curso y será competencia de los jueces determinar las responsabilidades penales correspondientes, de acuerdo con las pruebas y garantías establecidas por la ley.
