MinTransporte aplaza entrada en operación de los CALE y revisará costos de la licencia de conducción
El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un modelo diseñado para realizar de manera independiente las pruebas que deben acreditar las personas que buscan obtener por primera vez o recategorizar una licencia de conducción en Colombia.
La decisión quedó establecida mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y contempla una revisión de la estructura del modelo, sus aspectos jurídicos, la capacidad de los centros y, especialmente, los costos que tendrían que asumir los ciudadanos con la implementación del nuevo sistema.
Uno de los principales motivos de la decisión está relacionado con el posible incremento en el valor total del proceso para obtener una licencia. Según el Ministerio de Transporte, actualmente el trámite puede representar alrededor de $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el costo podría llegar hasta los $2,2 millones, lo que supondría un aumento de hasta $800.000 para los usuarios.
#Transporte | El Ministerio de Transporte anunció el aplazamiento de la operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), mientras revisa los costos de las licencias de conducción. Con su entrada en funcionamiento, estas podrían aumentar hasta $800.000 pesos.… pic.twitter.com/uVdPU6QgzK
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2026
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que el Gobierno busca fortalecer la preparación y evaluación de los conductores, pero consideró necesario determinar si los costos adicionales están justificados y si realmente se traducirán en mejores resultados en materia de seguridad vial.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con el reporte de la cartera.
Los CALE fueron concebidos como centros independientes de las escuelas de conducción. Bajo este esquema, las academias continuarían con la formación de los aspirantes, mientras que los nuevos centros tendrían a su cargo verificar las competencias necesarias para conducir mediante evaluaciones teóricas y prácticas.
El modelo contempla una evaluación teórica y posteriormente pruebas prácticas, incluyendo ejercicios en pista cerrada y maniobras en vías públicas. El objetivo es separar la formación de la evaluación y establecer un mecanismo independiente para determinar si el aspirante cuenta con las capacidades requeridas para conducir.
La implementación de los CALE está relacionada con la Ley 2251 de 2022, por lo que el Ministerio aclaró que el aplazamiento no significa que dicha norma haya sido derogada. La cartera indicó que continuará cumpliendo las disposiciones legales, pero realizará la revisión antes de definir las condiciones bajo las cuales podría avanzar el modelo.
Otro de los aspectos que serán examinados es el contrato interadministrativo relacionado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que quedó vinculada al desarrollo del esquema. El Ministerio anunció que revisará la legalidad del contrato, la capacidad de los centros registrados y si la estructura de costos corresponde con los beneficios esperados en materia de seguridad vial.
El proceso también ha generado cuestionamientos sobre la contratación y la participación de instituciones de educación superior. Algunos reportes señalan que otras universidades públicas manifestaron interés en participar y que alrededor del esquema se han presentado reclamaciones y acciones jurídicas, asuntos que también hacen parte de la revisión anunciada por el Gobierno.
Por ahora, los CALE no entrarán en operación bajo las condiciones inicialmente previstas y el posible incremento de hasta $800.000 en el costo de la licencia no se aplicará como consecuencia de este nuevo esquema. El Ministerio deberá concluir la revisión técnica, jurídica y económica antes de comunicar las decisiones que se adopten sobre el futuro de estos centros.
La discusión queda así centrada en dos aspectos: garantizar que quienes obtengan una licencia de conducción cuenten efectivamente con las competencias necesarias para circular por las vías del país y, al mismo tiempo, evitar que las nuevas exigencias representen un aumento de costos que no esté debidamente sustentado para los ciudadanos.
