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Fiscalía abre indagación a exfuncionarios del gobierno Petro tras polémicos audios con el Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los audios divulgados recientemente, en los que presuntamente se escucharía al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sosteniendo conversaciones con un integrante del Clan del Golfo durante los primeros meses del gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación busca esclarecer el contexto, la autenticidad del material y determinar si hubo posibles irregularidades en el marco de la política de «paz total».

De acuerdo con la información conocida, las grabaciones corresponderían a conversaciones sostenidas en septiembre de 2022 con alias «Jerónimo», presunto integrante de esa organización criminal. En los audios se mencionan posibles compromisos relacionados con la reducción de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y otros aspectos que, según las autoridades, deberán ser verificados dentro de la investigación.

El caso se suma a la indagación previa que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación contra varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Defensa Iván Velásquez, el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el entonces jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, por los presuntos acercamientos con el Clan del Golfo.

Tras conocerse la apertura de la investigación penal, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que los hechos corresponderían a 2022 y afirmó que será la Fiscalía la encargada de determinar si existe alguna responsabilidad penal. Agregó que el Ministerio de Defensa colaborará con las autoridades en lo que sea requerido para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, Danilo Rueda ha manifestado que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y aseguró que las revelaciones han derivado en estigmatización y amenazas en su contra. Entretanto, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas para establecer si las actuaciones conocidas a través de los audios constituyen algún delito o si correspondían a acercamientos realizados dentro de la estrategia gubernamental de paz total.

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