Falso negocio de tierras terminó en secuestro en Medellín: dos hombres fueron enviados a prisión
Un comerciante oriundo de Cali, Valle del Cauca, fue rescatado por las autoridades luego de permanecer siete días secuestrado en un inmueble del barrio La Iguaná, en Medellín. Por este caso, dos hombres fueron capturados y judicializados como presuntos responsables de custodiar a la víctima mientras sus familiares recibían exigencias económicas para lograr su liberación.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el comerciante viajó a Medellín el pasado 23 de junio con el propósito de concretar un supuesto negocio relacionado con la venta de unos terrenos para explotación minera en el sur de Bolívar. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, habría sido abordado por varios hombres que lo trasladaron en un vehículo de servicio público hasta un inmueble donde fue retenido contra su voluntad.
La investigación señala que la víctima fue intimidada con armas de fuego y obligada a entregar sus pertenencias, cuyo valor asciende a cerca de 15 millones de pesos. Paralelamente, los presuntos secuestradores habrían contactado a sus familiares para exigir el pago de 800 millones de pesos a cambio de su liberación.
Tras siete días de cautiverio, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional, el comerciante fue rescatado. Durante el procedimiento fueron capturados Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, quienes, según la investigación, serían los encargados de vigilar a la víctima.
En el operativo también fueron incautados un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos capturados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas con circunstancias de agravación.
Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
