La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana por el deterioro de las condiciones de seguridad en seis municipios del Oriente antioqueño, donde advierte un escenario de riesgo extremo para la población civil debido a la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales. La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 028 de 2026, publicada el 26 de octubre, y comprende a los municipios de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón. Según la entidad, cerca de 167.000 personas habitan en estos territorios y podrían verse afectadas por las dinámicas de violencia y control ilegal.
De acuerdo con el organismo, la disputa se presenta principalmente entre el Frente Géner Morales del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, y el grupo delincuencial El Mesa, estructura vinculada al denominado Cuerpo Colegiado La Oficina, con presencia en el Valle de Aburrá. La confrontación estaría relacionada con el control de corredores estratégicos y de economías ilegales como la minería de oro, el procesamiento de alcaloides, las extorsiones y el lavado de activos.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el documento es la expansión de mecanismos de control social sobre las comunidades rurales. La Defensoría advierte sobre patrullajes armados, vigilancia de los movimientos de los habitantes, imposición de normas de comportamiento, amenazas, restricciones a la movilidad y presiones sobre organizaciones comunitarias. También se documentan posibles intentos de incidencia de estructuras ilegales en escenarios de participación ciudadana, como las Juntas de Acción Comunal.
La alerta también pone especial atención en el reclutamiento, la utilización y el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de estas organizaciones. Entre los hechos advertidos se encuentran presuntas estrategias de captación de jóvenes mediante ofrecimientos económicos, así como el traslado de personas desde zonas urbanas hacia sectores rurales para recibir instrucción y vincularse a estructuras armadas. También se mencionan posibles espacios de entrenamiento en zonas rurales de Argelia.
Las cifras de violencia también hacen parte del panorama descrito. Según la información divulgada sobre el informe, entre 2020 y 2025 se registraron 419 homicidios en los seis municipios, con una concentración cercana al 60 % de los casos en El Carmen de Viboral y Sonsón. Además, se recuerdan hechos violentos como las masacres ocurridas en La Unión, El Carmen de Viboral y Abejorral durante 2025 y 2026, así como los asesinatos de líderes sociales y otros hechos que han afectado a las comunidades.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones dirigidas a diferentes entidades del Estado para que se adopten medidas urgentes de prevención, protección y atención a las comunidades en riesgo. Entre ellas se encuentra la coordinación de una respuesta institucional a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el propósito de evitar nuevas vulneraciones de los derechos humanos.
La entidad reiteró que las alertas tempranas tienen un carácter humanitario y preventivo, y buscan advertir oportunamente sobre situaciones que puedan poner en peligro a la población civil. La advertencia vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrentan varios municipios del Oriente antioqueño y la necesidad de acciones institucionales que garanticen la vida, la integridad y la tranquilidad de sus habitantes.
