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Clan del Golfo anuncia suspensión del cobro del “impuesto de guerra” como “gesto de buena voluntad” con el gobierno electo

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunció la suspensión del cobro del denominado «impuesto de guerra» o «vacunas» a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores económicos en zonas donde tiene presencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

La decisión fue comunicada mediante un documento atribuido a la organización armada ilegal, en el que señala que la medida entrará en vigor a partir del 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el comunicado, la determinación busca constituirse en un «gesto de buena voluntad» hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el propósito de facilitar eventuales acercamientos en materia de paz.

En el documento, el grupo ilegal también afirma que la suspensión aplicará en las zonas bajo su influencia en ambos departamentos y sostiene que espera que esta decisión contribuya a generar confianza en un eventual escenario de diálogo con el nuevo Gobierno.

El denominado «impuesto de guerra», conocido popularmente como «vacunas», corresponde a una modalidad de extorsión mediante la cual grupos armados ilegales exigen pagos periódicos a comerciantes, empresarios, transportadores, finqueros y otros ciudadanos a cambio de permitirles desarrollar sus actividades económicas o evitar represalias. Este delito constituye una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales y ha sido denunciado durante años por las autoridades y las comunidades afectadas.

El anuncio se produce en medio de un contexto de incertidumbre sobre el futuro de los acercamientos entre el Estado y el Clan del Golfo. En las últimas semanas, el Gobierno saliente suspendió la implementación de la Zona de Ubicación Temporal prevista en Tierralta (Córdoba), mientras continúan las discusiones sobre el marco jurídico que podría regir un eventual proceso de sometimiento o negociación con esa estructura armada.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el anuncio del grupo armado ni han confirmado que esta decisión represente el cese efectivo de las extorsiones en las regiones mencionadas. Tampoco se ha informado sobre modificaciones en las operaciones de la Fuerza Pública contra esa organización criminal.

Las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes, empresarios y ciudadanía en general para denunciar cualquier caso de extorsión o intimidación a través de los canales oficiales, recordando que este delito continúa siendo perseguido por las autoridades judiciales y de seguridad del Estado.

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