En un hecho histórico para la protección animal en Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una resolución que establece nuevas condiciones laborales para los perros que prestan servicios en empresas de seguridad.
La medida, sustentada en la recién aprobada Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025), busca garantizar el bienestar de los caninos que, hasta ahora, trabajaban en muchos casos sin límites de horario ni control sanitario.
De acuerdo con la resolución, las jornadas no podrán superar las 6 u 8 horas diarias, dependiendo del tipo de labor. Los perros entrenados para detección de narcóticos o explosivos solo podrán trabajar seis horas al día, mientras que aquellos dedicados a defensa controlada o acompañamiento tendrán permitido un máximo de ocho.
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, explicó que la decisión surge tras documentarse casos de caninos que eran forzados a trabajar extensas jornadas sin descanso ni supervisión médica. “La resolución busca corregir esas prácticas y asegurar condiciones dignas para los animales”, señaló.
Además, la norma establece que las empresas deberán renovar cada año las autorizaciones para el uso de perros en sus operaciones, presentando certificados veterinarios que acrediten su estado de salud, entrenamiento y aptitud para el trabajo.
También estarán obligadas a llevar un registro de las horas de servicio, rutinas y condiciones de vida de los animales, información que podrá ser verificada mediante inspecciones periódicas.
🐾 El origen: los casos que encendieron las alarmas
La decisión responde a antecedentes de maltrato que generaron un fuerte debate público. Uno de los más recordados fue el de ‘Limonar’, un perro que murió asfixiado en 2023 en el sector de Fontibón mientras cumplía labores de vigilancia. Su caso impulsó el debate que culminó con la creación de la Ley Lorenzo, inspirada en otro can maltratado en 2022.
🦴 Retiro digno y sustitución tecnológica
La resolución también ordena que las empresas garanticen un retiro responsable para los perros una vez terminen su etapa laboral. Esto incluye planes de bienestar y respaldo económico para su manutención y cuidado, evitando que terminen abandonados.
El superintendente Álvarez agregó que, a largo plazo, el objetivo es avanzar hacia una sustitución tecnológica progresiva de las labores que hoy realizan los caninos.
“Mientras ese tránsito ocurre, la prioridad será asegurar que estos animales trabajen en condiciones dignas y acordes con su bienestar”, afirmó.
Cabe precisar que esta regulación aplica únicamente al sector privado, ya que los perros de la Policía Nacional y el Ejército cuentan con programas especializados de entrenamiento y protección.
