Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, uno de los episodios más traumáticos de la historia colombiana sacudió el corazón de la justicia y de la institución académica del Universidad Externado de Colombia. El grupo insurgente M‑19 tomó el edificio del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para luego ser retomado por el Estado en una operación militar que culminó con un saldo devastador para la democracia, la memoria y el sistema judicial.
La toma y el reclamo político
Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el M-19 ingresó al Palacio de Justicia alrededor de las 11:25 a. m. del 6 de noviembre con el objetivo de instaurar un “juicio político” contra el entonces presidente Belisario Betancur, argumentando el incumplimiento de acuerdos de diálogo y cese al fuego.
El asalto, identificado por la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, mantuvo como rehenes a cerca de 300 a 350 personas —magistrados, funcionarios, empleados y visitantes— dentro del edificio.
La retoma, la destrucción y las víctimas
La reacción del Estado fue inmediata: fuerzas del Ejército y la Policía rodearon el edificio y desarrollaron un operativo que terminó el día siguiente. Durante la retoma, un incendio consumió parte del Palacio y se produjeron combates en los pisos superiores.
Las cifras varían, pero se estima que al menos 94 cuerpos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal.
Asimismo, la CIDH documentó la muerte de 11 magistrados y la desaparición de decenas de civiles como resultado de la operación.
Un legado doloroso para la Universidad Externado
La Universidad Externado de Colombia recuerda con respeto y gratitud a los magistrados egresados o vinculados que murieron en ese suceso: Alfonso Reyes Echandía; Manuel Gaona Cruz; Carlos Medellín Forero; Ricardo Medina Moyano; Fabio Calderón Botero; Emiro Sandoval Huertas; Darío Velásquez Gaviria; y José Eduardo Gnecco Correa. Sus vidas, su ejercicio profesional y su aporte académico dejaron huella en la comunidad externadista.
Por qué aún importa
Hoy, cuarenta años después, este hecho permanece no solo en la memoria sino en los debates sobre justicia, reparaciones, derechos humanos y el papel del Estado en situaciones de conflicto. El rompimiento institucional, el sacrificio de la rama judicial y los vacíos en la investigación han convertido este episodio en un símbolo de impunidad y herida sin cerrar.
La conmemoración no es un acto ritual, sino un mandato para reconstruir la verdad, honrar a las víctimas y garantizar que la justicia no vuelva a ser vulnerable ante la violencia política.
