La comunidad de la Corporación Oasis hizo un llamado al alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, tras la decisión de la Administración municipal de dar por terminado el convenio con este centro de rehabilitación, con el que se tenía un acuerdo desde hace aproximadamente siete años. La notificación se realizó con solo un día de anticipación, dejando a unas 20 familias en incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.
«Señor alcalde, con el respeto que usted merece, pero con la tristeza de muchas familias, lamentamos la decisión de finalizar el contrato con este centro derehabilitación. Esto ha interrumpido procesos fundamentales de recuperación y resocialización», expresaron los familiares en un comunicado dirigido al mandatario.
Desde la Corporación Oasis confirmaron que fueron notificados el pasado 29 de enero sobre la terminación del convenio, el cual finalizó oficialmente el 31 de enero.
Según informaron, intentaron gestionar alternativas con el municipio y la Pastoral Social, pero no se logró ningún acuerdo.
Ante esta situación, la corporación ofreció a las familias la posibilidad de continuar con el tratamiento de manera particular, con un costo mensual de $1.500.000 por usuario, un valor inferior al que pagaba la Alcaldía.
«Entendemos la preocupación de las familias y lamentamos no haber podido garantizar la continuidad del convenio», señalaron en un comunicado.
Por su parte, una de las familias afectadas indicó que el pasado 3 de febrero se realizó una reunión en la Casa Dorada de Rionegro para abordar el tema. Como alternativa, se les propuso que los jóvenes continuaran su tratamiento en casa, recibiendo únicamente los medicamentos prescritos.
«Como si eso abarcara todo el proceso de rehabilitación de estas personas», expresó, rechazando la propuesta y exigiendo una solución integral para quienes aún necesitan atención especializada.
Las familias han hecho un llamado al alcalde para que replantee su decisión y no deje a estos jóvenes sin el acompañamiento necesario en su proceso de recuperación.
DiariOriente se comunicó con la administración municipal y desde la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social de Rionegro manifestaron que se notificó al operador con suficiente anticipación para la ejecución de medidas individuales y familiares, pero el proceso se retrasó siete días por decisiones internas. Para explicar la situación, se convocó a una reunión con familias y usuarios, donde solo asistieron siete de las veintidós citadas y cuatro concejales. Allí se agendaron espacios individuales para definir rutas de atención y garantizar derechos.
De los veintidós usuarios, dos finalizaron su proceso en 2023, nueve estaban en fase de desprendimiento, tres en etapa inicial tras haber sido beneficiarios previamente, cinco en una fase intermedia con avances en deshabituación y tres en proceso de ruta integral con la EPS.
La Ley 1566 de 2012 reconoce la adicción como un problema de salud pública que requiere atención estatal, mientras que el Decreto 1285 de 2022 exige a los territorios acciones concretas para la protección de habitantes en situación de calle.
En este contexto, se definió la apertura de un programa integral de acompañamientosocial con equipos de calle, centros de atención diurna y acceso a tratamientos especializados en salud mental a través de las EPS.
