Una investigación iniciada en 2015 por denuncias de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de La Unión culminó con la primera condena penal contra la exdirectora local de Salud, Sandra Gómez. La exfuncionaria fue sentenciada a 64 meses de cárcel y 80 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por el delito de falsedad ideológica en documento público. La condena s relaciona específicamente con la suplantación de identidad de una empleada de oficios varios, cuyo nombre y documentos fueron utilizados de manera fraudulenta en un contrato firmado con la Alcaldía por $18 millones, con el fin de desviar recursos destinados a la alimentación escolar.
Durante el proceso judicial se probó que Gómez falsificó la firma de la empleada y cobró cheques a su nombre, sin su conocimiento ni consentimiento. En al menos un caso, la víctima tuvo que reintegrar a la Alcaldía $1.696.381 por un pago “simulado”.
Si bien la condena actual no abarca otros hechos denunciados, como la sustracción sistemática de entre 1 y 3 toneladas de víveres del PAE entre 2012 y 2015 —supuestamente desviados para su venta en supermercados de la zona—, dichos elementos continúan bajo investigación. Estos alimentos estaban destinados a estudiantes de instituciones como Pío XI y Félix María Restrepo, y se habría solicitado un número mayor de raciones para permitir el desvío de los excedentes.
El proceso tuvo un largo recorrido. En 2016, fue archivado por la Fiscalía 106 de Medellín, argumentando que no existía conducta delictiva. Esta decisión generó polémica, ya que fue influenciada por la intervención del entonces personero municipal, Andrés Felipe Arteaga, quien había iniciado el proceso disciplinario y luego se convirtió en abogado defensor de Gómez. Tras múltiples tutelas y derechos de petición, y gracias a la intervención de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (2018-2019), el caso fue reabierto. También intervinieron senadores como Claudia López, Arturo Char Chaljud y Ángel Custodio Cabrera, quienes al conocer del caso solicitaron acciones al fiscal general y al procurador general, y promovieron propuestas para modificar el Código Penal con el fin de proteger el PAE y evitar su impunidad. La fiscal que archivó inicialmente el caso fue imputada por prevaricato por acción en 2019.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Rionegro encontró que Sandra Gómez alteró actas de supervisión para justificar pagos en contratos públicos. En 2020, el ente de control formuló pliego de cargos en su contra por falsedad en documentos que sirvieron como soporte para desembolsar más de $3,8 millones, calificando la falta como gravísima a título de dolo.
A pesar de las múltiples evidencias, aún quedan aspectos sin resolver. La Fiscalía 28 explicó que no ha sido posible avanzar en las investigaciones sobre el saqueo de víveres del PAE debido a la falta de precisión en las cantidades y valores sustraídos. De igual forma, la Fiscalía 85 de La Ceja, encargada de investigar los cheques cobrados a nombre de la empleada, no ha presentado avances conocidos.
Pese a las denuncias, Sandra Gómez volvió a ocupar el cargo de directora local de Salud durante una posterior administración del mismo exalcalde Edgar Alexander Osorio Londoño, quien hoy también está imputado por peculado y contratación irregular.
