Desde el pasado 11 de abril, los comerciantes ubicados en el sector aledaño a la Casa de la Maestranza, en el centro histórico de Rionegro, enfrentan una difícil situación tras la orden de desalojo preventivo, urgente y obligatorio emitida por la Alcaldía mediante el Decreto 321 de 2025. La medida, tomada ante el riesgo inminente de colapso estructural del inmueble, ha generado inconformidad entre los afectados, quienes aseguran no haber recibido ningún tipo de plan de contingencia.
Según el informe técnico de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, la estructura de la Casa de la Maestranza presenta fallas graves en el techo de madera y bahareque, filtraciones, presencia de plagas y alta vulnerabilidad sísmica, todo ello agravado por las recientes lluvias. A pesar de que desde marzo de 2023 los propietarios han solicitado permisos al Ministerio de las Culturas para intervenir la edificación, aún no hay autorización formal para realizar obras.
Funcionarios de la Alcaldía comunicaron verbalmente el desalojo a los comerciantes el viernes 11 de abril. Sin embargo, los afectados denuncian que la decisión se tomó sin previo aviso, sin socialización del informe técnico y sin censos que permitan conocer el número real de locales comerciales perjudicados, que estiman en más de 20.
“Es una decisión arbitraria”, expresó uno de los comerciantes a DiariOriente, al señalar que desde septiembre se tenía conocimiento del deterioro estructural, pero solo hasta ahora se notificó a quienes dependen económicamente de los locales en el inmueble.
Además, cuestionan que el decreto establece un cerramiento perimetral de tres metros, pero este solo se estaría aplicando en la fachada principal, mientras que en los laterales continúan funcionando otras entidades como Comfenalco y hay acceso vehicular en la vía contigua.
Los comerciantes, que tuvieron hasta el día de ayer lunes 21 de abril a las 5:00 de la tarde para desalojar, instalaron un cartel en la zona solicitando claridad sobre los plazos para reactivar sus actividades económicas y exigiendo el cumplimiento completo del decreto, especialmente en lo relacionado con el cerramiento.
“Solicitamos a la administración municipal y a los propietarios que nos brinden una respuesta de cuál es el tiempo estipulado para reactivar las diferentes actividades económicas que se llevan a cabo en el inmueble”, se lee en el aviso.
Mientras tanto, crece el descontento entre quienes aseguran que esta medida, aunque necesaria por seguridad, se ejecutó sin sensibilidad frente a las implicaciones sociales y económicas para las personas que durante años han trabajado en este histórico inmueble de Rionegro.
