Sobre la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova mucho se ha dicho, ha sido un tema de discusión que en los gobiernos anteriores y el actual se ha venido trabajando, de hecho, en los últimos días el Ministro de Transporte Guillermo Reyes y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria dieron a conocer que para el 2023 iniciarían las obras que permitirían ampliar el aeropuerto.
Según informó la Unión Temporal Rionegro, firma a cargo del plan maestro, el megaproyecto incluye la construcción de una segunda pista y un complejo de obras en torno a la industria aeronáutica. Lo cual ha sido preocupación de diversos sectores sociales y específicamente de quienes habitan el territorio donde se pretende ejecutar el megaproyecto. Las razones que inquietan a la población rionegrera son varias entre ellas las afectaciones sociales y ambientales, ya que según lo asegura la Unión Temporal Rionegro, se secarán más de 1.600 cuencas, microcuencas, nacimientos y quebradas que abastecen con un porcentaje importante de agua potable a la población Rionegrera.
Otra de las preocupaciones es qué va a suceder con las más de 8.000 personas que viven en las veredas contiguas al aeropuerto, ya que muchas de ellas han ocupado la zona por más de 4 generaciones, -e inclusive un poco más de 200 años-. Además de afectar a la población autóctona de la región, también impacta población víctima del conflicto armado quienes se han resguardado de la violencia en la zona, y que según la ley 1448 de 2011 es obligación del Estado evitar la revictimización.
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Gonzalo García, vocero de la Veeduría por la identidad, defensa y autonomía del territorio en el entorno del José María Córdova señaló, “en el 2016 en el plan maestro que entregó la Unión Temporal Rionegro, se hablaba de 19.100 m2 de algunas zonas y en ese momento el m2 donde menos valía estaba alrededor de los 60.000 pesos, lo que significaba que si a la gente le compraban en esas condiciones una persona que tuviera una hectárea con eso no le alcanzaba ni para comprar un apartamento en Rionegro”.
En el momento hay incertidumbre, ya que según manifiesta García probablemente habrá un desplazamiento masivo de población vulnerable, “ni en el gobierno de Santos, ni el de Duque ni en este de Petro, cuando se ha hablado del proyecto han tenido en cuenta a la comunidad, no hablan ni que tratamiento les van a dar ante una eventual negociación de sus tierras”.
En el momento hay una premura mayor con los tiempos porque justo dentro de un año, en julio de 2023, vence la declaratoria de utilidad pública que desde hace seis años tiene congelados los 332 predios que se requieren para construir la segunda pista, ubicados en un polígono entre las veredas Abreo, El Carmín y Mampuesto.
“Hay afán porque el 2023 se vence de la afectación de las tierras, como dicen que el proyecto va porque va, pero todavía no tienen los estudios de ingeniería, siempre para ejecutar esos proyectos debe de tener todos esos estudios, y las licencias ambientales, pero ellos no tienen todos los estudios ni todas las licencias, pero aun así tienen el afán de compararle a gente antes de que se les venza el plazo”, señaló García.
