
MinTIC abre investigaciones contra Starlink, Claro, Movistar, Tigo y WOM por fallas en el bloqueo de señal en las cárceles
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra cinco empresas de telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales de restringir las señales de comunicación en los establecimientos penitenciarios del país. Entre las compañías involucradas se encuentran Starlink Colombia, Claro, Movistar, Tigo y WOM, cuyos servicios estarían siendo utilizados para facilitar comunicaciones no autorizadas desde diferentes centros de reclusión.
La decisión se conoció luego de un operativo realizado por las autoridades en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas de internet satelital Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos. Estos dispositivos evidenciaron la presencia de equipos que podrían permitir a las personas privadas de la libertad mantener comunicaciones con el exterior, pese a las restricciones establecidas para estos establecimientos.
De acuerdo con las verificaciones técnicas adelantadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones del MinTIC, también fueron identificadas conexiones a internet mediante redes WiFi suministradas por Starlink en cuatro centros penitenciarios del país: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en el departamento del Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Por estos hallazgos, el Ministerio inició una actuación administrativa contra Starlink Colombia S.A.S., con el propósito de determinar si la compañía adoptó las medidas técnicas necesarias para evitar que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.
Asimismo, fueron formulados cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel-Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (Tigo), por el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la eliminación o restricción de las señales móviles en la cárcel La Picota.
La normativa colombiana establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben adoptar medidas para atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios. Esta obligación está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado mediante la Ley 1709 de 2014, con el objetivo de impedir que desde las cárceles se utilicen servicios de comunicación para coordinar actividades delictivas.
Frente a esta situación, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que impartió instrucciones para utilizar las herramientas legales y tecnológicas disponibles con el propósito de impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.
«¡Se acabó el recreo! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida», manifestó el mandatario en un pronunciamiento divulgado a través de sus redes sociales.
El jefe de Estado también señaló que la responsabilidad de controlar estas comunicaciones debe ser compartida entre las empresas operadoras, el MinTIC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública.
Las compañías investigadas podrían enfrentar sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de posibles suspensiones temporales de operaciones o cancelaciones de licencias, autorizaciones y permisos, dependiendo de las infracciones que lleguen a comprobarse.
Por ahora, las actuaciones administrativas deberán determinar si las empresas incurrieron efectivamente en incumplimientos de sus obligaciones legales. La formulación de cargos no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad y las compañías tienen derecho a ejercer su defensa dentro de los respectivos procesos.
La investigación vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrentan las autoridades colombianas para controlar las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios, en medio de las denuncias sobre el uso de celulares y conexiones a internet para coordinar extorsiones y otras actividades criminales desde las cárceles.



