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Juliana Guerrero reconoció haber presentado títulos falsos para ser nombrada viceministra: enfrenta condena de 36 meses

Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, reconoció ante la justicia su responsabilidad en los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos irregulares y la información consignada en su hoja de vida para acceder a cargos públicos. La admisión se produjo en el marco de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual enfrenta una condena de 36 meses de prisión.

Durante la audiencia realizada este miércoles 9 de septiembre, Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y reconoció que presentó información falsa al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y ante el entonces Ministerio de la Igualdad. La investigación también estuvo relacionada con presuntas irregularidades en documentos que acreditaban estudios técnicos y profesionales en la Fundación Universitaria San José.

El caso tomó relevancia pública en 2025, cuando investigaciones periodísticas y denuncias de la representante Jennifer Pedraza pusieron en duda la validez de los títulos académicos de Guerrero. Entre los elementos señalados estuvo que la entonces funcionaria no habría presentado el examen Saber Pro ni cumplido con los requisitos académicos necesarios para obtener los títulos que posteriormente fueron registrados en su hoja de vida.

Las irregularidades fueron conocidas en medio de la controversia por su designación como viceministra de Juventudes. Tras las denuncias, su nombre fue retirado de la postulación. Sin embargo, posteriormente continuó vinculada a diferentes espacios de la administración pública, entre ellos la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el Ministerio del Interior.

En la audiencia, Guerrero expresó arrepentimiento por sus actuaciones y reconoció que incurrió en una conducta contraria a la ley. El acuerdo con la Fiscalía contempla una pena de tres años, mientras que corresponde a la autoridad judicial determinar las condiciones para el cumplimiento de la condena, de acuerdo con lo establecido en la decisión adoptada dentro del proceso.

El proceso también ha generado interrogantes sobre la posible existencia de otros casos relacionados con títulos presuntamente irregulares. De acuerdo con las investigaciones citadas por medios nacionales, la Fiscalía ha revisado situaciones que involucrarían a otros contratistas y funcionarios que habrían presentado títulos de la misma institución educativa.

Con el reconocimiento de responsabilidad de Guerrero, el caso da un nuevo paso en la vía judicial y vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de verificación de los títulos académicos utilizados para acceder a cargos dentro del Estado.

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