Human Rights Watch advierte sobre aumento del reclutamiento de menores a través de redes sociales en Colombia
Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) advierte sobre el aumento del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y organizaciones criminales en Colombia, una situación que, según la organización, se ha intensificado en los últimos años y estaría afectando especialmente a comunidades rurales y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento por grupos armados desde 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo revisados por Human Rights Watch. La organización señala que no existe un registro único que permita establecer con exactitud la magnitud del fenómeno, pero el análisis de diferentes fuentes oficiales evidencia un incremento significativo de los casos reportados desde 2023.
El informe, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, fue elaborado a partir de 184 entrevistas con funcionarios públicos, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, organizaciones de derechos humanos y funcionarios encargados de la protección de menores. También incluyó encuentros con niños y adolescentes víctimas de reclutamiento o que estuvieron en riesgo de serlo.
Según HRW, los grupos armados han modificado sus estrategias de captación y actualmente recurren, entre otros mecanismos, a las redes sociales. La organización documentó 72 cuentas y 41 publicaciones en TikTok y Facebook que, según su análisis, glorificaban la vida dentro de estructuras armadas o promovían el ingreso de menores a estos grupos.
La organización señala que las plataformas digitales son utilizadas para establecer contacto con menores mediante publicaciones, supuestas ofertas de empleo, chats públicos y mensajes privados. En algunos casos, los niños y adolescentes serían atraídos con promesas de dinero, poder, reconocimiento o mejores condiciones económicas.
El fenómeno también estaría relacionado con las condiciones de vulnerabilidad de algunas comunidades. HRW identifica entre los principales factores de riesgo la pobreza, la exclusión social, las dificultades de acceso a la educación, la violencia intrafamiliar y la presencia limitada de instituciones estatales en determinadas zonas del país.
Los datos revisados por la organización muestran además una afectación desproporcionada de las comunidades indígenas. Cerca de la mitad de los casos registrados entre 2021 y 2025 corresponderían a menores indígenas, pese a que esta población representa alrededor del 4 % de los habitantes del país. Cauca concentra una proporción especialmente elevada de los casos reportados.
En cuanto a las edades, más del 30 % de los casos documentados involucrarían a niños entre los 10 y 14 años. Las niñas representarían aproximadamente el 40 % de los casos registrados, proporción que, según HRW, aumentó entre 2021 y 2025. La organización también advierte que las menores pueden enfrentar riesgos adicionales, entre ellos diferentes formas de violencia y explotación sexual.
El informe señala que los menores no necesariamente son incorporados para participar directamente en combates. De acuerdo con HRW, también son utilizados en labores de vigilancia, recolección de información, logística, control social y otras actividades relacionadas con el funcionamiento de los grupos armados. Algunos también estarían siendo entrenados para operar drones, en un contexto en el que este tipo de tecnología ha adquirido mayor importancia en las confrontaciones armadas.
Human Rights Watch atribuye la mayoría de los casos documentados a grupos disidentes surgidos tras la desmovilización de las antiguas FARC. Según los datos de la Defensoría analizados por la organización, estos grupos estarían relacionados con aproximadamente el 74 % de los casos registrados entre 2021 y 2025.
Otro de los aspectos señalados en el informe es la baja judicialización de estos hechos. HRW sostiene que, durante la última década, aproximadamente el 1 % de las denuncias penales por reclutamiento habrían derivado en una investigación y cerca del 0,2 % en una condena. La organización relaciona estas dificultades con limitaciones institucionales, problemas de seguridad para funcionarios judiciales, obstáculos para denunciar y las nuevas modalidades de captación a través de internet.
Frente a esta situación, Human Rights Watch pidió al nuevo Gobierno nacional fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a los menores desvinculados, además de mejorar las capacidades de investigación y judicialización de los responsables. También planteó la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a la niñez y de reforzar las acciones en territorios donde existen mayores condiciones de vulnerabilidad.
La organización también cuestionó la respuesta de las plataformas digitales frente al contenido utilizado por grupos armados para atraer menores. Según HRW, aunque empresas como Meta y ByteDance cuentan con políticas para restringir este tipo de material, las medidas de moderación y prevención no serían suficientes para impedir su circulación.
El informe vuelve a poner en el centro del debate la protección de niños, niñas y adolescentes en medio de la persistencia de la violencia armada en diferentes regiones del país. Para HRW, enfrentar el reclutamiento requiere no solo acciones de seguridad contra las estructuras responsables, sino también medidas sociales y educativas que reduzcan las condiciones que hacen vulnerables a los menores frente a las estrategias de captación.
