Estados Unidos revocó las visas de siete colombianos, entre ellos Ricardo Roa, Wadith Manzur y el alcalde de Sincelejo
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre de 2026 restricciones de visado contra siete ciudadanos colombianos, entre quienes se encuentran Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Wadith Manzur, senador electo, y Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, Sucre. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y hace parte de la política de Washington contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. La medida también se extiende a sus familiares, según la información oficial.
Además de Roa, Manzur y Acuña, la lista incluye a Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado, Antioquia. Las autoridades estadounidenses señalaron que las restricciones se adoptan bajo disposiciones de su legislación migratoria relacionadas con posibles consecuencias adversas para su política exterior.
La decisión se conoce en medio de diferentes procesos judiciales que involucran a algunos de los mencionados. Wadith Manzur y Karen Manrique están vinculados al caso de presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), investigación en la que se indagan posibles acuerdos relacionados con la asignación de recursos públicos. Ambos han sido objeto de actuaciones judiciales en Colombia.
Por su parte, Ricardo Roa, quien también fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfrenta investigaciones en Colombia relacionadas con presunto tráfico de influencias y la posible superación de los topes de financiación de esa campaña. La Fiscalía tiene actuaciones en curso sobre estos asuntos.
En el caso de Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, se han reportado investigaciones por presuntos hechos de corrupción y otros posibles delitos. José Ignacio Mesa, exalcalde de Envigado, fue condenado por sus vínculos con la denominada Oficina de Envigado, según reportes de prensa. Los antecedentes judiciales de cada persona corresponden a procesos diferentes y no constituyen, por sí mismos, una explicación individual de la decisión migratoria estadounidense.
El Departamento de Estado enmarcó las restricciones en su estrategia regional contra actividades que, según el Gobierno estadounidense, pueden afectar la gobernabilidad democrática y la seguridad del hemisferio. Sin embargo, el anuncio público no detalló las razones específicas que motivaron la medida contra cada uno de los siete colombianos.
La revocatoria o restricción de una visa es una decisión administrativa del Gobierno estadounidense y no equivale, por sí sola, a una condena penal en Colombia. Con este anuncio, Washington amplía las medidas migratorias dirigidas a ciudadanos colombianos, mientras los procesos judiciales que se adelantan en el país continúan por sus respectivas vías.
