Gobierno presentó la “Ley de Rescate Fiscal” reforma tributaria que combina recortes al gasto público y nuevos impuestos
El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una ambiciosa iniciativa que busca enfrentar el déficit fiscal, reducir el endeudamiento y reorganizar las finanzas públicas. Sin embargo, la propuesta ha comenzado a generar debate político y económico, debido a que combina medidas de austeridad estatal con nuevos impuestos que podrían impactar el bolsillo de los colombianos.
El proyecto, presentado el jueves 29 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, contempla 105 artículos y plantea un ajuste fiscal que, según las proyecciones del Gobierno, permitiría reducir el déficit previsto para 2027 y recuperar recursos equivalentes a cerca de 50 billones de pesos.
Uno de los principales componentes de la iniciativa es la reducción del gasto público. Para ello, el Ejecutivo propone disminuir los costos de funcionamiento del Estado, revisar la estructura de diferentes entidades, reducir la contratación por prestación de servicios y establecer límites al crecimiento de los gastos de personal. Entre las medidas se encuentra una reducción del 50 % en el costo de los contratos de prestación de servicios durante 2027, frente a 2026, así como una disminución del 20 % en el gasto de personal del presupuesto para 2028, según los términos del proyecto.
No obstante, la iniciativa también incorpora una serie de modificaciones tributarias que han despertado inquietudes. Entre ellas se encuentra la ampliación del IVA a una tarifa del 19 % para productos y servicios que actualmente cuentan con tratamientos diferenciales o exclusiones. En ese grupo aparecen bienes como la gasolina, el café y algunos alimentos, entre ellos frutas y verduras, una medida que podría repercutir directamente en los costos de vida de los hogares.
El Gobierno plantea implementar mecanismos de devolución del IVA para compensar el impacto en los sectores de menores ingresos. De acuerdo con la presentación del proyecto, los hogares en condición de pobreza recibirían la devolución total del impuesto, mientras que otros grupos vulnerables accederían a una devolución parcial.
La propuesta también contempla cambios en los aportes al sistema de salud, modificaciones en el impuesto de renta para determinados trabajadores y nuevos gravámenes al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco y productos relacionados con la nicotina. Estas disposiciones podrían modificar las obligaciones tributarias tanto de personas naturales como de empresas.
En materia empresarial, el proyecto plantea reducir gradualmente la tarifa del impuesto de renta para las compañías, pasando del 35 % al 31 %, al tiempo que propone modificar algunos beneficios y exenciones relacionados con la contratación laboral. También contempla incentivos para atraer grandes inversiones al país.
Otro de los puntos que genera atención es la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para reorganizar entidades estatales, modificar estructuras administrativas y adelantar ajustes en el funcionamiento del sector público. La iniciativa establece, además, algunas protecciones para trabajadores que se encuentren en condiciones particulares de vulnerabilidad.
La propuesta ya comienza a encontrar resistencia en diferentes sectores políticos. Incluso desde el Centro Democrático, colectividad que ha manifestado su respaldo al Gobierno en otros asuntos, se han expresado reparos frente a la creación de nuevos impuestos y al aumento de las cargas tributarias que podrían afectar a la clase media y a los consumidores.
Las críticas también apuntan a la necesidad de que el ajuste fiscal se concentre principalmente en reducir el tamaño del Estado y eliminar gastos innecesarios, antes de trasladar nuevas obligaciones económicas a los ciudadanos. Otros sectores consideran que el país necesita medidas estructurales para estabilizar sus finanzas y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La radicación de esta iniciativa se produce después de que el Gobierno anunciara un recorte de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026 y expidiera mediante decreto el presupuesto para 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, en medio de dificultades durante su trámite en el Congreso.
Por ahora, la Ley de Rescate Económico apenas inicia su recorrido legislativo y deberá ser debatida por los congresistas, quienes tendrán la responsabilidad de revisar sus alcances, discutir las modificaciones propuestas y determinar cuáles medidas cuentan con respaldo para convertirse en ley.
De esta manera, el proyecto se perfila como una de las primeras grandes pruebas políticas y económicas del Gobierno de Abelardo De la Espriella, pues su propósito de reducir el déficit fiscal tendrá que superar el debate sobre quiénes asumirán el mayor costo del ajuste: el Estado, las empresas o los ciudadanos.
