El negocio del plátano que habría dejado a 8.000 personas sin sus ahorros: $200 mil millones bajo investigación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, quienes son señalados de participar en un presunto esquema de captación masiva e ilegal de dinero que habría recibido cerca de $200.000 millones de aproximadamente 8.000 personas entre 2021 y 2024.
De acuerdo con la investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, el esquema habría comenzado en 2021 mediante una empresa dedicada a la comercialización y exportación de productos y, posteriormente, en 2022, habría continuado a través de una cooperativa.
Según el ente investigador, el modelo ofrecía a los participantes dos alternativas para entregar su dinero. Una de ellas estaba relacionada con la supuesta compra de plátano a productores de distintas regiones para su posterior comercialización en mercados nacionales e internacionales. Para ello, se habría contado con un intermediario encargado de vender el producto a un comprador extranjero.
La segunda modalidad consistía en vincular a terceros como asociados o “socios ocultos” mediante contratos de cuentas en participación. A quienes entregaban sus recursos se les habría ofrecido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, supuestamente derivada de las actividades de comercialización del plátano.
Sin embargo, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, cerca de 8.000 personas habrían entregado en conjunto aproximadamente $200.000 millones sin recibir los rendimientos prometidos y, en varios casos, sin lograr recuperar los recursos invertidos.
Entre las personas que habrían resultado afectadas se encuentran mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. La investigación señala que la captación se habría concentrado principalmente en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia, aunque también fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena, Tolima y otros departamentos.
Una de las investigadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que Alexander Suárez Burgos se presentó voluntariamente ante las autoridades. En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual atribuida a cada uno, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Finalmente, los jueces de control de garantías impusieron a los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía recordó que la judicialización y la imputación de cargos no constituyen una condena, por lo que será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los investigados dentro del proceso.
