Cambio de contratista en Hidroituango habría generado detrimento de más de $108.000 millones durante alcaldía de Quintero
El pasado 22 de junio, la Contraloría General de Antioquia entregó el informe final de una fiscalización especial al proyecto Hidroituango, iniciada en febrero de 2026 tras una denuncia de la abogada Gloria Jaramillo. La auditoría se centró en el cambio de contratistas para la ejecución de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, una decisión tomada entre 2022 y 2023, durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero.
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, explicó que el ente de control estableció que no hubo afectación al patrimonio de la Sociedad Hidroituango por el cambio de contratista . Sin embargo, sí se identificó un presunto detrimento patrimonial para Empresas Públicas de Medellín (EPM), calculado en 108.585.346.005,76 pesos . Según el informe, este detrimento estaría asociado a una presunta vulneración del principio de planeación durante la contratación, que se tradujo en mayores cantidades de obra y valores adjudicados por encima de los presupuestos inicialmente previstos.
Frente al proceso de relevo de los constructores originales —el consorcio conformado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa— para dar paso a una firma china, la Contraloría advirtió que el incremento presupuestal ocurrió sin que existiera una variación proporcional en el alcance técnico de las obras. De hecho, el presupuesto estimado para poner en marcha las nuevas unidades pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones.
Dado que EPM no es sujeto de control directo de la Contraloría de Antioquia, el hallazgo fiscal fue trasladado a la Contraloría Distrital de Medellín, que ahora deberá abrir una investigación de responsabilidad fiscal para determinar si existen responsables por los presuntos sobrecostos.
Adicionalmente, la auditoría dejó dos hallazgos administrativos contra la Sociedad Hidroituango: una inacción judicial entre 2022 y 2023 por incumplimiento del contrato BOOMT, y una omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026 . Estos hallazgos no conllevan sanciones fiscales directas, pero la empresa deberá implementar planes obligatorios de mejoramiento.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el informe de la Contraloría y señaló que los hallazgos respaldan las denuncias que su administración ha hecho sobre la gestión anterior.
