SuperTransporte puso bajo la lupa a 37 organismos de tránsito por operar cámaras de fotomultas sin aval técnico
El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como fotomultas. La investigación reveló que más de 7,5 millones de comparendos están bajo la lupa, de los cuales 5,8 millones quedarían sin validez.
¿Qué pasó?
La SuperTransporte evidenció que varias autoridades de tránsito incumplieron los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El principal hallazgo es la falta del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- 12 organismos de tránsito comenzaron a operar sin contar con el concepto de desempeño.
- 7 organismos utilizaron conceptos expedidos a nombre de terceros.
- 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.
¿Cuáles son los organismos investigados?
Entre las autoridades de tránsito señaladas aparecen las de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta, Itagüí, Bello, Villa del Rosario, entre otros. La lista completa incluye 37 entidades de diferentes regiones del país.
Los comparendos cuestionados se concentran principalmente en las grandes capitales:
- Cali lidera la lista con 2,7 millones de infracciones bajo investigación.
- Medellín suma más de 717 mil comparendos.
- Bogotá registra cerca de 294 mil.
- Barranquilla aporta más de 131 mil.
Sanciones para los organismos de tránsito
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, advirtió que los organismos investigados podrían enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado por las multas ilegales, lo que superaría los 2,1 billones de pesos, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue contundente: «Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los más afectados».
De los 7,5 millones de comparendos bajo investigación, 5.832.906 aún no han sido pagados y quedarán sin validez. Las autoridades de tránsito deberán revocarlos de oficio, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos.
En cuanto a las más de 1,5 millones de multas que ya fueron pagadas, los conductores podrán solicitar la devolución de su dinero. Se estima que el monto a reintegrar podría superar el billón de pesos.
¿Cómo pueden reclamar los afectados?
La SuperTransporte explicó que los ciudadanos que ya pagaron multas dentro de los periodos irregulares podrán acudir directamente ante el organismo de tránsito que impuso el comparendo para solicitar la devolución del dinero. Los mecanismos disponibles incluyen derechos de petición, acciones judiciales, tutelas y demandas administrativas.
Piñeres recomendó a los conductores verificar primero si el comparendo fue impuesto dentro de las fechas incluidas en la investigación. La Superintendencia publicará una tabla con el listado de los 37 organismos de tránsito y los periodos específicos en los que incumplieron con el concepto de desempeño.
El superintendente aclaró que no todas las multas impuestas en esas fechas serán invalidadas automáticamente, sino solo aquellas expedidas por los organismos que operaron sin el cumplimiento técnico requerido. «No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley», afirmó Piñeres.
