La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Coljuegos y otros posibles involucrados por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación del juego de azar Baloto, proceso que podría haber comprometido recursos destinados al sistema de salud.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Junta Directiva de Coljuegos habría tomado decisiones determinantes dentro del proceso licitatorio, entre ellas la aprobación de modificaciones al reglamento del juego, la flexibilización de algunos requisitos y la reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado.
La Procuraduría investiga la viabilidad técnica, jurídica y financiera de estas medidas, especialmente las relacionadas con los acuerdos que permitieron disminuir las tarifas de explotación y flexibilizar los términos del proceso. Según la entidad, estas decisiones podrían haber afectado los recursos que se destinan al sector salud.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas para identificar e individualizar a los posibles responsables, así como para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos. Con ello se determinará si procede continuar con la actuación disciplinaria.
