Un juez de control de garantías dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, de 47 años, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 83 años en zona rural del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. La decisión judicial se conoció este jueves 15 de octubre y generó un pronunciamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió a la Fiscalía General de la Nación revisar con urgencia lo ocurrido en el proceso. <escape>[1]</escape>
Los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido el pasado 26 de septiembre, cuando, según la información conocida, la adulta mayor habría sido transportada en un vehículo hasta una zona apartada del municipio, donde presuntamente fue víctima de acceso carnal violento. Tras conocerse el caso, la mujer recibió atención médica en el Hospital San Roque de La Unión y las autoridades activaron el Código Fucsia, protocolo de atención para víctimas de violencia sexual.
El hombre había sido capturado el miércoles 14 de octubre en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, luego de las labores de investigación adelantadas por la Policía y la Fiscalía, con el apoyo de la Administración Municipal de La Unión y la Gobernación de Antioquia. De acuerdo con los reportes oficiales, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo que estaría relacionado con los hechos y orientar las labores de búsqueda para ubicar al señalado.
Tras conocerse la decisión de dejarlo en libertad, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó su inconformidad a través de su cuenta en la red social X y solicitó a la Fiscalía revisar lo sucedido. El mandatario sostuvo que las instituciones deben actuar con rigor para evitar que el caso quede sin esclarecer y garantizar que los derechos de la víctima sean protegidos.
Por su parte, la Alcaldía de La Unión había informado que, desde que tuvo conocimiento de la denuncia, adelantó acciones de seguimiento y articulación con las autoridades competentes. La Administración también pidió proteger la identidad de la adulta mayor y evitar la difusión de información que pueda revictimizarla o afectar el desarrollo de la investigación.
Hasta el momento, la información pública consultada no permite establecer cuáles fueron los argumentos jurídicos específicos que llevaron al juez a ordenar la libertad, ni se conoce un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre la solicitud del gobernador. La libertad del señalado no equivale a una declaración de inocencia ni implica, por sí sola, que la investigación haya terminado. El esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades corresponden a las autoridades judiciales, con respeto por el debido proceso y los derechos de la víctima.
