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La Ceja pone la lupa sobre las patinetas y bicicletas eléctricas: iniciarán controles y sanciones

La Secretaría de Movilidad de La Ceja anuncia el inicio de procesos sancionatorios contra usuarios de patinetas, scooters y bicicletas eléctricas que no cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 2486 de 2025, normativa que regula la circulación de estos vehículos en el país y que fue expedida el 16 de julio del año pasado.

De acuerdo con la dependencia, la ley establece requisitos obligatorios como el uso de casco, chaleco reflectivo entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., así como la instalación de luces delantera blanca y trasera roja. Además, se exige que solo una persona utilice el vehículo, se respeten los límites de velocidad —20 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en zonas urbanas— y se prohíba su uso bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

También se fijan edades mínimas: 12 años para transitar por ciclorrutas y 16 años para circular en vías urbanas.

El secretario de Movilidad, Daniel Castro, indicó que, aunque la ley ya está vigente, actualmente existen limitaciones operativas para imponer comparendos, debido a que el sistema SIMIT aún no ha habilitado las herramientas para este tipo de infracciones. Sin embargo, aclaró que el Código Nacional de Tránsito permite adelantar procedimientos como la inmovilización de los vehículos.

En articulación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y las Comisarías de Familia, la Administración Municipal pondrá en marcha operativos pedagógicos y de control a partir del 15 de junio, con el fin de promover el cumplimiento de la norma y prevenir riesgos en las vías.

El funcionario también se refirió a un borrador de resolución del Ministerio de Transporte que busca una regulación más estricta para estos vehículos, incluyendo su registro en el RUNT, la exigencia de licencia de conducción y la obligatoriedad del seguro SOAT. Estas medidas comenzarían a aplicarse a partir de 2029.

Desde la Secretaría de Movilidad señalan que el objetivo principal es proteger la vida de los actores viales, ante el aumento en el uso de estos medios de transporte y los riesgos asociados a su circulación sin medidas de seguridad.

Las autoridades advierten que los incumplimientos podrán derivar en sanciones económicas, inmovilización de los vehículos y otras medidas contempladas en la normativa vigente.

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