Las autoridades anunciaron un resultado que calificaron como histórico en la lucha contra las finanzas criminales en Medellín, tras la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 42 bienes, presuntamente vinculados a una red dedicada al fraude de servicios públicos mediante conexiones ilegales y manipulación de medidores de agua, energía y gas.
La operación, desarrollada luego de 16 meses de investigación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió afectar 14 establecimientos comerciales del sector hotelero y 28 inmuebles ubicados en las comunas Laureles, Belén y el Centro de la capital antioqueña.
De acuerdo con los informes oficiales, los bienes intervenidos están avaluados en aproximadamente 96.000 millones de pesos. Las investigaciones indican que la presunta estructura criminal habría operado desde el año 2013 mediante la manipulación sistemática de medidores y conexiones irregulares para reducir costos operativos y obtener beneficios económicos ilícitos.
Las autoridades señalaron que durante el proceso se recopilaron elementos materiales probatorios que evidenciarían la existencia de un esquema organizado con posibles vínculos familiares, comerciales y societarios entre algunos de los propietarios de los inmuebles y establecimientos involucrados.
Según las estimaciones oficiales, las actividades ilegales habrían generado pérdidas superiores a 1,24 billones de pesos entre 2020 y 2025, afectando los recursos destinados a la prestación de servicios públicos.
El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que este procedimiento representa un golpe directo a las fuentes de financiación de estructuras ilegales y hace parte de la estrategia institucional para combatir las economías criminales en la ciudad.
Además del impacto económico, las autoridades advirtieron que las conexiones fraudulentas representaban un riesgo para la seguridad de las comunidades, debido a la posibilidad de incendios, inundaciones, daños estructurales y otras emergencias derivadas de instalaciones irregulares.
Los bienes afectados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.
Las autoridades informaron que continuarán desarrollando investigaciones para identificar otras posibles redes dedicadas a este tipo de actividades ilícitas y avanzar en nuevas acciones contra las estructuras que afectan los servicios públicos y las finanzas del Estado.
