Desde el 2015 fue denunciada la directora local de salud de La Unión-Sandra Milena Gómez Osorio, entre otros presuntos delitos por la sustracción para la venta de víveres del programa de alimentación escolar PAE, falsificación de firmas de la empleada de oficios varios en un contrato para la provisión de alimentos a la alcaldía y celebración indebida de contratos; del saqueo al PAE según funcionarias de la administración y un conductor, la señora Sandra ordenaba el traslado de víveres a supermercados, y estos sobraban porque pedían más de los necesarios, también indicaron integrantes de la veeduría que restringía alimentos a los estudiantes; sobre la falsificación de firmas de la empleada-la afectada aportó su testimonio explicando que el contrato por $18.000.000 no era suyo.
La Contraloría de Antioquia confirmó las quejas y señaló que: “Los presuntos malos manejos que se presentan en los elementos que componen la minuta de alimentos de los restaurantes escolares de las instituciones educativas Pio XI y Félix María Restrepo y de los cuales son sustraídos parte de los víveres para ser vendidos por la directora local de salud. Se pudo comprobar de acuerdo a las entrevistas realizadas a los funcionarios, que efectivamente si salen estos de las instituciones educativas y son sacados por los mismos funcionarios de la dirección local de salud bajo la dirección de la señora Sandra Milena Gómez Osorio”.
Mientras, de la presunta falsificación de firmas de la empleada, incluso ubico dos cheques subrayando: “revisadas las firmas que aparecen al dorso de este cheque, se puede observar que presuntamente la de la señora (…) frente a otras firmas de esta señora plasmadas en diferentes documentos, no corresponden a su real firma. Y que la persona que realmente cobro este cheque fue la directora local de salud”, e igual encontró un tercer cheque con el que la afectada por falsificación, restituyó a la alcaldía $1.696.381 de un pago que según la fiscalía le habría sido “simulado”.
Tal entidad no formuló responsabilidad fiscal, porque la Ley 610 del 2000, le exigía tener para ese momento estimadas las cantidades y valores del patrimonio afectado, situación difícil pues los hechos tenían lugar desde el año 2012, más si compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía, “en lo que respecta a la presunta falsificación de firmas, celebración indebida de contratos, cambio de destinación y sustracción de los víveres del PAE”.
Sin embargo, en el año 2016 la Fiscal 106 Delegada, Dra. Ana Cristina Chica Restrepo, con la mediación del ex Personero Municipal-Andres Felipe Arteaga Correa, quien había aperturado el proceso disciplinario contra la señora Sandra y luego fungió como su abogado defensor en el caso, archivo el proceso aduciendo que los hechos no constituían delito alguno; también fueron advertidas presuntas irregularidades en el tratamiento del proceso por parte de la Procuraduría.
Existiendo noticia que presuntamente los hechos del PAE tenían lugar en diferentes municipios, la situación fue expuesta a la Fiscalía General de la Nación y en el 2019 la entonces Fiscal 106 fue imputada por la Fiscalía 2° por prevaricato por acción, como también en el 2020, la Fiscalía 28 imputó a la DLS Sandra Milena Gómez Osorio y al alcalde de La Unión Edgar Alexander Osorio Londoño, “peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales”, pero únicamente en lo referido al contrato de la empleada, quien no llenaba los requisitos para ser proveedora de alimentos y por el $1.696.381 del “pago simulado” que la afectada por falsificación restituyó; entre tanto que sobre los delitos relacionados con la falsedad y el monto de los cheques cobrados por la directora local de salud a nombre de la empleada, el caso correspondió a la Fiscalía 85 Seccional de la Ceja, de quien al momento no se conoce actuación alguna; mientras que sobre la presunta sustracción de víveres de los restaurantes escolares para ser vendidos, la Fiscalía 28 explicó que como no hay precisión sobre las cantidades y valores de los productos sustraídos, los hechos continuaban en indagación.
Finalmente, desde la Procuraduría Provincial de Rionegro, el 16 de octubre del 2020, después de que, la Corte Suprema de Justicia fallara una tutela en segunda instancia (STC7696-2020, Magistrado Ponente-Álvaro Fernando García Restrepo), ordenándole a la Procuraduría General de la Nación, investigar sus funcionarios inmersos en presuntas irregularidades del caso en exposición, formuló pliego de cargos a la señora Sandra Milena, buscando establecer si la funcionaria siendo supervisora del contrato para suministrar alimentos, registró en las actas de interventoría que el contratista culminó a cabalidad las obligaciones, pese a que quien figuraba como responsable no era la misma que estaba ejecutando las actividades y agrega que los documentos con la presunta falsedad habrían servido como soportes para desembolsar los pagos de dos cuentas de cobro, por cerca de $3’800.000, la supuesta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, no se pronunció sobre la presunta sustracción de los víveres del PAE.
Así las cosas, dado que ni la Procuraduría ni la Fiscalía proceden sobre los hechos relacionados con la sustracción para la venta de los víveres del PAE, las restantes denuncias continúan sin interponer y los testigos afirman temer a la presunta capacidad de coacción que la organización que presuntamente saquea el PAE tiene sobre las dos entidades de control.
