A la cárcel joven de 18 años señalada de causarle la muerte a su hijo de 7 meses en Bello
Una mujer de 18 años fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable de la muerte de su hijo de 7 meses, ocurrida el pasado 22 de septiembre en un hospital de Medellín, luego de que el menor fuera trasladado desde Bello con múltiples lesiones.
El caso comenzó a ser conocido por las autoridades el 21 de septiembre, cuando la mujer llevó al bebé al Hospital Pablo Tobón Uribe. Según la información entregada inicialmente por la madre, el menor habría sufrido varias caídas accidentales al interior de la vivienda donde residían, en el asentamiento Nueva Jerusalén, en Bello.
Sin embargo, el personal médico encontró múltiples lesiones que no serían compatibles con esa versión. De acuerdo con la Alcaldía de Bello, entre las condiciones que presentaba el bebé estaban asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático e hipovolémico.
La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades y, mientras el menor permanecía hospitalizado, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), activó la ruta de protección y gestionó su traslado a un hogar sustituto de cuidado especial. Sin embargo, la medida no alcanzó a concretarse debido al fallecimiento del bebé mientras recibía atención médica.
El menor murió el 22 de septiembre a causa de un trauma craneoencefálico. Según la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín, durante varios días la mujer habría agredido al niño, quien presentaba diferentes traumas en el cuerpo.
La Fiscalía señaló además que, de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones serían compatibles con una agitación violenta del cuerpo, conocida como zarandeo.
La mujer, de nacionalidad venezolana según reportes de medios que conocieron información de las autoridades, fue capturada el 25 de septiembre por servidores de la Policía Nacional.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. La procesada no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro de reclusión.
La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que ocurrieron las lesiones y la muerte del menor.
