En el sector de La Laja, jurisdicción de Fontibón parte baja en Rionegro, una familia denunció ser víctima de una expropiación administrativa que, según ellos, vulnera sus derechos constitucionales. La Alcaldía tomó posesión de 6.228 metros de un predio de 14.400, propiedad de ocho hermanos, con el fin de construir el tramo 17 del plan vial municipal, conocido como Vía Fontibón.
María Jazmín Ramírez, una de las propietarias, aseguró que el único patrimonio familiar quedó en riesgo luego de que, en 2024, el municipio realizara un avalúo catastral y consignara $80 millones de pesos como pago. La familia considera que el valor no corresponde al avalúo comercial ni a la realidad del mercado en Rionegro y por eso acudió al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.
Frente a estas denuncias, la administración municipal explicó que el proceso se ajusta a la normativa vigente y que busca garantizar proyectos de utilidad pública que benefician a toda la comunidad. La Secretaría General informó que, en los casos donde no es posible lograr un acuerdo voluntario de compraventa, la ley faculta al municipio para avanzar en la expropiación administrativa.
“Este proceso se ha tomado un tiempo adicional porque los propietarios presentaron múltiples peticiones y recursos, los cuales fueron resueltos para garantizar su derecho de contradicción y defensa. Actualmente nos encontramos en la etapa de entrega de la zona de terreno requerida, previa indemnización y registro de la decisión de diligencia de entrega, con el acompañamiento de la Inspección de Policía y del Ministerio Público”, indicó la entidad.
El pasado martes 23 de septiembre, funcionarios de la Alcaldía realizaron la diligencia de marcación del terreno, en compañía de la corregiduría, la personería y representantes de los propietarios. Según la administración, esta actuación hace parte del trámite legal para intervenir el predio en el marco del proyecto vial.
El municipio también precisó que los propietarios acudieron al proceso judicial, donde será el juez contencioso quien determine el valor de la indemnización con base en las pruebas que presenten las partes. “La adquisición predial está orientada a la satisfacción de los intereses de la colectividad y en cualquier escenario los propietarios serán plenamente indemnizados”, sostuvo la Secretaría General.
Mientras tanto, la familia insiste en que el pago debe corresponder al avalúo comercial y no al catastral, y solicita que el Tribunal suspenda los efectos del acto administrativo o, en su defecto, reconozca una compensación justa.
