La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Defensa entregar información detallada sobre el proceso contractual para la adquisición de 16 aeronaves Gripen E y Gripen F, fabricadas por la empresa sueca SAAB. El requerimiento se realiza en el marco de las funciones de vigilancia y control fiscal, luego de que surgieran cuestionamientos alrededor del acuerdo.
Entre los documentos solicitados, el ente de control pidió el expediente contractual completo, incluyendo la etapa precontractual y contractual. También exigió copia del concepto emitido por la empresa que asesoró al Ministerio de Defensa durante la negociación, así como los soportes que acrediten las opciones de aeronaves evaluadas, entre ellas modelos franceses y F-16. La Contraloría pidió justificar técnicamente, legalmente y económicamente las razones que llevaron a seleccionar los aviones Gripen.
La compra ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores políticos, y fue enviada a la Unidad Nacional Anticorrupción de Suecia para solicitar una investigación sobre posibles irregularidades en las que, presuntamente, estarían involucrados funcionarios colombianos, incluida la exprimera dama.
Frente a los señalamientos, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X y aseguró que las críticas desconocen el contrato firmado. Señaló que se trata de aeronaves nuevas y que la negociación se adelantó durante todo su gobierno, revisando incluso ofertas heredadas de la administración anterior. Petro indicó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana eligió la propuesta más conveniente con apoyo técnico de Estados Unidos, e indicó que el contrato incluye mantenimiento, repuestos, transferencia tecnológica y acuerdos de compensación industrial.
El Ministerio de Defensa también resaltó que el acuerdo con SAAB contempla un Convenio de Cooperación Industrial y Social destinado a generar desarrollo tecnológico y beneficios adicionales en salud, vivienda y transición energética. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre un presunto sobreprecio, al compararse el costo pagado por Colombia —USD 213 millones por unidad— con el de Tailandia, que habría pagado USD 137 millones por avión, según la denuncia pública de la senadora María Fernanda Cabal.
Otro punto de debate se centra en los motores de las aeronaves. El precandidato Abelardo de la Espriella solicitó a Estados Unidos vetar la operación, argumentando que los Gripen usan motores F414 de fabricación estadounidense, lo que implicaría que ese país puede restringir la exportación de repuestos bajo la legislación ITAR si no se cuenta con las autorizaciones correspondientes.
El presidente Petro insistió en que el proceso se adelantó con transparencia y que no se permitirá corrupción en contratos de alto valor. Además, anunció un nuevo Conpes para impulsar la producción nacional de drones, armamento, blindajes y equipos aéreos, terrestres y fluviales, como parte de una estrategia para avanzar hacia mayor independencia en la industria militar.
