Un reporte de la Universidad Nacional explicó que cuando el nivel del embalse de Guatapé, en Antioquia, disminuye por debajo del margen crítico, correspondiente al 70% de su volumen (1.881 metros), también se reducen los ingresos por turismo en el municipio y la región, lo que aumenta las afectaciones en las demás actividades relacionadas con este sector.
De acuerdo con la institución educativa, hasta hoy no existe un marco jurídico que “regule, reglamente y permita incluir estas nuevas disposiciones”, de ahí que esto se entienda como “una desarticulación entre actores”, y que esto termine traduciéndose en un obstáculo para las soluciones de conflictos basadas en “un enfoque de gestión integral del recurso hídrico”.
Edison Alejandro Jaramillo Gómez, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, llegó a estas conclusiones luego de hacer una investigación, que además determinó que, “aunque la mayoría de los embalses del país se construyen para generar energía eléctrica, aparecen otros usos complementarios como el turismo, la pesca o la navegación, con lo que aumenta la productividad del recurso”.
Guatapé es un embalse muy importante para el país por su seguridad energética, ya que a través del almacenamiento del recurso hídrico se genera energía en Antioquia y otras zonas del país, pero la universidad señaló que, “aunque la generación de energía no influye en el proceso industrial, los usos complementarios sí sufren el rigor de la sequía de los embalses dejando pérdidas millonarias, afectaciones en el turismo y las actividades relacionadas”.
La investigación del magíster Jaramillo, se basó en el abordaje de documentación histórica con información entre 1991 y 2018, “periodo en que el embalse tuvo los niveles más bajos, con el fin de conocer la relación entre el fenómeno y el territorio”.
A su vez, conoció el testimonio de actores inmersos en el conflicto, “dentro de los cuales se encontraron varios representantes tanto del gobierno local de años anteriores como del sector náutico, del Ministerio de Transporte y de la comunidad”.
El investigador aseguró que, en la región existe muy poca información consolidada sobre el turismo, pero analizando la cantidad de pasajeros movilizados por el embalse, pudo evidenciar que la relación entre el nivel del embalse y el turismo no es proporcional, “sino que se manifiesta solo cuando el embalse toca niveles particulares (por debajo del 70 %)”.
“A medida que el embalse baja el nivel del agua contenida (60 %), el conflicto aumenta llamando la atención de la comunidad y la opinión pública. Cuando el nivel llega al 50 % se considera una afectación alta y se comienzan a impactar los ingresos de quienes trabajan en el sector turístico”, relató la UNAL.
Sobre el manejo y la desarticulación de actores
De acuerdo con la información de la institución educativa, “en esta realidad territorial están involucrados varios actores, entre ellos la autoridad ambiental, el gobierno local, Empresas Públicas de Medellín (EPM), MinTransporte (como regulador fluvial), el sector comercio y la comunidad”
Así entonces, señaló que estos actores, a pesar del conflicto, han logrado convivir desde 1991, cuando se vivió la primera sequía en la región, “pero sin lograr una articulación que permita confrontar el conflicto cuando se presenta”.
Hoy en día, UNAL considera que existen algunas alternativas que contribuyen a disminuir la afectación, por ejemplo, se menciona el proyecto de la ampliación del malecón de Guatapé, además de la diversificación turística, a través de “otros atractivos que rompan la dependencia del embalse, como la transformación estética y urbana de la zona”.
“Lamentablemente las constructoras y los operadores de los embalses no contemplan incluir dentro de sus beneficios o desventajas la explotación de los usos complementarios, por lo que la mayoría de recursos y esfuerzo se concentran en la fase de construcción y no tienen en cuenta lo que pasa con el embalse a lo largo de los años”, concluye el magíster.
