
Urgencia manifiesta, ¿hecha la ley hecha la trampa?
Soy parte de los millones de colombianos independientes, de las millones de personas que día a día trabajan por su familia y personas queridas, y como tal me duele esta situación actual del COVID-19, pues, como bien lo expresa un comercial televisivo: “la cuarentena nos protege a todos; pero deja a muchos expuestos a pasar hambre”. Y ante ello, considero que mi forma de aportar, es creando una breve reflexión sobre la contratación estatal y la figura de urgencia manifiesta, la cual permite abreviar el proceso de contratación estatal, y entrar a contratar de manera directa, con el fin de proveer ciertos bienes para atender a la contingencia que se busca mitigar.
Las normas buscan el fin de proteger las personas, de manera especial a quienes se encuentran más desprotegidas, de eso trata el llamado contrato social, en el cual, como individuos libres, cedemos ciertas libertades al Estado, para que este nos proteja como sus ciudadanos. De tal modo, ninguna norma va ir en contra de los ciudadanos, ni va a ser diseñada para el beneficio de unos cuantos, sino de la gran mayoría (por lo menos en la teoría, en su deber ser). Así pues, la Contratación Estatal, es una de las áreas legales con mayores requisitos, por sus métodos y exigencias, ya que el proceso debe ser transparente de principio a fin, y garantizar que los recursos del Erario sean invertidos de un modo correcto, de conformidad con los principios de la Contratación Pública.
En este sentido, el Estatuto de Contratación Pública, ley 80 de 1993, en su artículo 42 consagra la precitada figura de la urgencia manifiesta: “…cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.
Estas declaratorias de urgencia manifiesta actuales, de las cuales los mandatarios han hecho uso, son posibles ya que por medio del Decreto 417/20 el Presidente de la República decretó el pasado 17 de marzo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en razón del COVID-19. Y es bajo esta figura que los mandatarios departamentales y locales han podido contratar víveres, implementos médicos, sanitarios, mejorar la atención en salud por medio de la compra y adecuación de espacios y equipos, entre otras acciones encaminadas a mitigar la situación actual.
Por ello, he visto con indignación cómo una lata de atún, es comprada por casi 20.000 mil pesos, aproximadamente 4 veces más de su costo promedio, por un gobernador; o cómo alcaldes compran con sobrecostos productos de la canasta básica como pastas, arroz, chocolate (Caso la Palma-Cundinamarca, entre muchos otros que están siendo investigados por la Procuraduría). Puesto que es el dinero de todos, y además, un dinero que está siendo invertido, si es que cabe allí esa expresión, de manera indebida, con violación a los principios de la Contratación Pública, y a la finalidad de apoyar los más necesitados y mitigar esta calamidad. Como se diría popularmente, hecha la ley, hecha la trampa.
Vemos estas situaciones como ajenas a nuestro contexto local; pero no es así, bien valdría preguntarnos, si en el Municipio de Rionegro-Antioquia, no pasa algo similar. En declaraciones dadas por el Alcalde del Municipio de Rionegro-Antioquia, a la prensa, el pasado 6 de abril, afirmó que se han invertido $4.847 millones de pesos para atender la crisis por la pandemia del COVID-19, de ellos, $2.021.536.852 fueron destinados a la educación, con la entrega de 18.000 paquetes nutricionales, los cuales tienen un peso promedio de 12 kgs. y que fueron entregados a los niños en edad escolar del municipio. Hagamos cuentas, si dividimos esa cifra entre el número de paquetes nutricionales, nos da $112.307,6 los cuales al ser divididos por el peso del paquete, es decir por 12 kgs. se obtiene un precio promedio por kg. de $9.359, sería bueno tener mayor claridad sobre el porqué del costo, aparentemente tan alto de estos paquetes nutricionales.
Para finalizar deseo recordar lo dicho por el nóbel de paz Elie Wiesel: “lo contrario al amor no es el odio, sino el silencio”. Es interesante, que al buscar en internet información para elaborar este breve artículo, encontré un texto titulado “la urgencia manifiesta causal de contratación directa o excusa para contratar a dedo”. Quizás este escrito mío no llegue a quienes toman esas decisiones hoy; pero quizás llegará a quiénes las tomen mañana, ojalá estén a la altura ética y personal que el momento lo requiera, teniendo presente que son recursos de todos, de los más necesitados sobretodo. Ojalá lo público nos duela, lo defendamos, lo protejamos, y también cuando no sea tratado con esa dignidad y ética que merece, seamos capaces de denunciarlo, de allí la importancia de los veedores ciudadanos y de la labor de control político que debe ejercerse sobre lo público.
Walter Rivera
Abogado
Correo: walterfr89@hotmail.com
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