
Expresidente Petro y el Pacto Histórico denuncian reducción y retiro de esquemas de seguridad
La seguridad del expresidente Gustavo Petro y de varios dirigentes del Pacto Histórico desató una nueva controversia política en Colombia, luego de que el exmandatario denunciara una presunta reducción de su esquema de protección y el retiro de vehículos blindados que, según afirmó, estaban destinados a garantizar su seguridad y la de su familia. La denuncia se conoció el sábado 21 de noviembre y generó pronunciamientos de integrantes de esa colectividad, quienes advirtieron sobre los riesgos que representaría la disminución de las medidas de protección para dirigentes de oposición que, según aseguran, han sido víctimas de amenazas y atentados.
A través de su cuenta en la red social X, Petro cuestionó que algunos de los vehículos blindados que tenía asignados habrían sido destinados al esquema de seguridad del actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella, mientras que otros habrían quedado a disposición de generales de la Policía. «La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí», manifestó el exjefe de Estado.
Sin embargo, la denuncia del expresidente tuvo una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según información conocida por Infobae, la entidad aseguró que, hasta ese momento, no se habían realizado modificaciones en el esquema de seguridad de Petro, lo que introduce una diferencia entre las afirmaciones del exmandatario y la información entregada por el organismo encargado de su protección.
🚨 ¡QUE NO NOS DEVUELVAN A LA ÉPOCA DEL EXTERMINIO POLÍTICO!
Retirar esquemas de seguridad al expresidente @petrogustavo , su familia y dirigentes del Pacto Histórico pone vidas en riesgo.
Colombia ya pagó con sangre la persecución política. ¡No permitiremos que la historia se repita!
¡La vida se respeta y la oposición se protege! ✊🇨🇴
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 22, 2026
Por su parte, el Pacto Histórico emitió un pronunciamiento en el que rechazó el presunto retiro y la disminución de los esquemas de seguridad de sus dirigentes y militantes. La colectividad señaló que algunos de los afectados tienen antecedentes de atentados y amenazas reiteradas, por lo que pidió garantías para el ejercicio de la oposición política y solicitó a la comunidad internacional mantenerse vigilante frente a esta situación.
La senadora María José Pizarro también se pronunció y anunció que desde el movimiento denunciarán el retiro de las medidas de protección de varios de sus integrantes. Además, pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, al considerar que estas decisiones podrían comprometer la integridad de los dirigentes y sus familias.
La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mi y mi familia , varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía.
Al gobierno no le importa un atentado contra mí.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026
A esta preocupación se sumó el denominado Gabinete por la Vida, integrado por antiguos funcionarios y dirigentes cercanos al expresidente, que cuestionó las decisiones relacionadas con los esquemas de protección y aseguró que algunos de sus integrantes han solicitado medidas ante la UNP sin obtener, según su versión, una respuesta efectiva.
El debate también involucra el cumplimiento de las garantías establecidas en el Estatuto de la Oposición, particularmente su artículo 30, que contempla la estructuración de programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.
Por ahora, la controversia enfrenta las denuncias del expresidente y del Pacto Histórico con la información entregada por la UNP sobre la supuesta ausencia de cambios en el esquema de Petro. El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las garantías de seguridad para los dirigentes políticos, especialmente quienes ejercen oposición, en medio de un escenario de tensión entre el nuevo Gobierno y los sectores que respaldaron la anterior administración.



