Nuevo presidente de la JEP anuncia drásticos recortes: entregará su sede y reducirá contratos y esquemas de seguridad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un amplio paquete de medidas de austeridad para hacer frente a la reducción de su presupuesto para 2027. Entre las decisiones más relevantes se encuentran la entrega de su actual sede en Bogotá, la implementación del trabajo virtual como regla general, la modificación de los esquemas de protección de víctimas y comparecientes y un recorte del 85 % en los contratos de prestación de servicios.
Los anuncios fueron realizados este jueves 5 de noviembre por el magistrado Danilo Rojas Betancourth, durante su posesión como nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028, en compañía de la magistrada Diana María Vega Laguna, quien asumió la vicepresidencia de la jurisdicción.
Las decisiones responden a la reducción de $170.000 millones en los recursos que inicialmente se habían proyectado para el funcionamiento de la entidad durante 2027. Con este ajuste, el presupuesto de la JEP quedaría en aproximadamente $651.803 millones, una disminución que, según la jurisdicción, obliga a replantear su estructura administrativa y operativa.
Una de las medidas anunciadas es la entrega, en marzo de 2027, del edificio que actualmente ocupa la JEP en Bogotá, cuya extensión es de 15.000 metros cuadrados. La entidad se trasladará a una instalación de aproximadamente 4.200 metros cuadrados, con lo que espera reducir sus costos de funcionamiento en cerca de $26.000 millones anuales. Este cambio también implicará que el trabajo virtual se convierta en la modalidad principal, mediante un sistema de asistencia presencial por turnos.
La reorganización también se extenderá a las oficinas y enlaces territoriales que tiene la jurisdicción en diferentes regiones del país. Para mantener parte de sus actividades, la JEP buscará acuerdos con universidades, alcaldías, gobernaciones, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones privadas que puedan facilitar espacios para el desarrollo de sus labores.
Otro de los puntos más sensibles del plan tiene que ver con la seguridad. Rojas anunció que se reducirán los esquemas de protección de magistrados y fiscales, mientras que algunos funcionarios dejarán de contar con este servicio. La medida también contempla modificaciones y reducciones en los mecanismos de protección de víctimas, testigos y comparecientes vinculados a los procesos judiciales.
Según las estimaciones presentadas por el nuevo presidente, estos ajustes representarían un ahorro aproximado de $37.000 millones anuales. No obstante, debido a las implicaciones de esta decisión, la JEP anunció que solicitará al Gobierno Nacional asumir las responsabilidades correspondientes en materia de protección.
El recorte más significativo en materia de contratación será la reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios, lo que representaría un ajuste cercano a los $83.000 millones. Sobre este punto, el magistrado advirtió que la decisión podría afectar actividades fundamentales de la jurisdicción, debido a que buena parte de estos contratos respaldan la defensa técnica, el acompañamiento psicosocial a víctimas y comparecientes y la realización de encuentros restaurativos.
Ante este panorama, la entidad tendrá que reorganizar su planta de personal para intentar suplir las funciones que dejarán de cubrir los contratistas y evitar que se paralicen los procesos judiciales.
La reducción presupuestal ha generado preocupación por sus posibles consecuencias sobre la atención a las víctimas del conflicto armado, especialmente en lo relacionado con las audiencias en los territorios, la representación judicial, el acompañamiento psicosocial y las garantías de seguridad para quienes participan en los procesos.
En octubre pasado, la JEP había advertido que una reducción adicional de $170.000 millones comprometería seriamente su capacidad de funcionamiento. De acuerdo con la entidad, actualmente tiene acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan aproximadamente 634.804 personas. También señaló que los recortes podrían afectar los derechos procesales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública.
La jurisdicción ha defendido la necesidad de contar con los recursos inicialmente proyectados por el Gobierno Nacional y ha señalado que también ha implementado medidas de austeridad. Según sus cifras, entre 2024 y julio de 2026 logró ahorros por aproximadamente $21.575 millones mediante ajustes administrativos y operativos.
Con estas decisiones, la JEP busca mantener sus funciones en medio de un escenario de menores recursos, mientras avanza en el desarrollo de los procesos relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. El desafío será implementar los ajustes anunciados sin comprometer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y las garantías judiciales de quienes comparecen ante esta jurisdicción.
