UNP retira los esquemas de seguridad de Beto Coral, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz
La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad que tenían asignados el activista Beto Coral, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, luego de revisar las condiciones de riesgo de cada uno y determinar que no existían razones suficientes para mantener las medidas de protección, según información conocida este viernes 28 de agosto.
La decisión hace parte del proceso de revisión que adelanta la entidad sobre los esquemas de protección otorgados a personas que enfrentan situaciones de riesgo. De acuerdo con reportes de medios nacionales y fuentes del Gobierno, las medidas de seguridad de estas tres personas representaban un costo cercano a los 40 millones de pesos mensuales para el Estado.
Uno de los casos que había generado mayor controversia era el de Gabriela Muñoz, quien recibió un esquema de protección en junio de 2026 y posteriormente sostuvo que la medida estaba relacionada con amenazas que, según afirmó, habían sido denunciadas ante la Fiscalía. La joven también manifestó que la exposición pública de su situación había incrementado sus preocupaciones por seguridad. No obstante, fuentes de la Fiscalía citadas por medios nacionales señalaron que la entidad había solicitado una evaluación de riesgo, pero no directamente la asignación de un esquema de protección.
En el caso de Beto Coral, la discusión sobre su protección surgió después de su regreso a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos en julio. En ese momento, el sindicato Analtraseg cuestionó la rapidez con la que, según denunció, se habría asignado su esquema y planteó dudas sobre el procedimiento de valoración del riesgo. El entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó que la entidad había iniciado un análisis sobre la situación de seguridad de Coral, aunque señaló que la información específica sobre las medidas debía mantenerse bajo reserva.
Por su parte, Juliana Guerrero también quedó incluida en la decisión de la UNP. Su nombre ha estado relacionado en los últimos meses con investigaciones y cuestionamientos públicos, entre ellos un proceso judicial por la presunta falsificación de un título universitario. Estos señalamientos corresponden a actuaciones e investigaciones que deberán resolverse en las instancias competentes y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
La UNP tiene entre sus funciones evaluar periódicamente las condiciones de riesgo de las personas que cuentan con medidas de protección y determinar si estas deben mantenerse, modificarse o retirarse. La decisión conocida este viernes puede ser controvertida mediante los recursos establecidos dentro del procedimiento correspondiente.
El retiro de estos tres esquemas vuelve a poner en el centro del debate la asignación de recursos públicos destinados a la protección de personas que reportan situaciones de riesgo, así como los criterios técnicos utilizados por la UNP para determinar quién requiere este tipo de medidas.
