
Minsalud busca regular las cirugías plásticas
Sólo médicos y odontólogos especializados podrían realizar las cirugías. Las multas por incumplimiento de nuevos requisitos subirían a 2.500 salarios mínimos.
El proyecto que será presentado hoy a la opinión pública contempla una serie de requisitos para los profesionales que pretendan realizar procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, médicos y odontológicos. También a las instituciones de salud donde se lleven a cabo. Incluso establece pautas para la publicidad asociada a esta práctica.
Una de los mayores problemas hasta ahora, y que causó tantos problemas y víctimas en el país, es que no estaban claras las normas de quién podía llevar a cabo estos procedimientos. Eso abrió la puerta para que no sólo los médicos cirujanos plásticos lo hicieran sino una amplia gama de profesionales incluyendo médicos generales, enfermeras, odontólogos entre otros.
En el proyecto de ley se establece que sólo los podrán realizar los médicos y odontólogos autorizados para el ejercicio de la profesión en Colombia que cumplan, adicionalmente, con requisitos. Uno de ellos, contar con un título en especialidad quirúrgica con competencias en procedimientos quirúrgicos, otorgado por una Institución de Educación Superior autorizada según la ley colombiana. En el caso de los títulos obtenidos en el exterior se deberá contar con la convalidación del mismo ante la autoridad competente.
Los médicos y odontólogos especializados deben además inscribirse como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS, aportado sus datos de títulos académicos, ejercicio profesional y demás información que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
El proyecto hace una excepción para los procedimientos médicos no invasivos con fines estéticos. En este caso le permite a los médicos generales llevarlos a cabo siempre y cuando certifiquen las competencias requeridas.
Las multas por incumplir la normas de la ley, en caso de ser aprobada por el Congreso, llegarían hasta 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de quince años.
«Este proyecto tiene un enfoque que trasciende lo regulatorio y un enfoque de salud pública y de gestión de riesgo. Seremos muchos más exigentes en el consentimiento informado”, comentó el ministro de Salud Alejandro Gaviria.
Francisco Cardona, ministro de educación encargado, dijo que “en el punto de publicidad se trabajo con la Superintendencia de Industria y Comercio para que se prohíba la publicidad engañosa. Que no se ofrezcan combos o incentivos económicos a los pacientes».
Fuente: El espectador



