La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de una investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de 1990, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La decisión fue conocida este jueves y marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes judiciales más relevantes y controvertidos de la historia reciente del país.
La diligencia fue notificada por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El propio exmandatario informó a través de sus redes sociales que sus abogados recibieron la comunicación oficial, en la que también se le vincula para rendir explicaciones sobre hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia en Antioquia.
Las investigaciones están relacionadas con la incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, en Ituango, ocurrida en octubre de 1997, así como con la masacre de La Granja, registrada un año antes en el mismo municipio. Ambos hechos dejaron víctimas mortales, desplazamientos forzados y graves afectaciones a la población civil. La Corte Suprema de Justicia declaró estos casos como crímenes de lesa humanidad, lo que permitió que continuaran siendo investigados sin riesgo de prescripción.
El expediente también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en febrero de 1998. Valle había denunciado públicamente presuntas relaciones entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Antioquia, así como la falta de acciones para prevenir las masacres en Ituango.
Durante los últimos años, diferentes decisiones judiciales, compulsas de copias y testimonios de exjefes paramilitares han solicitado profundizar las investigaciones para establecer si existió algún grado de responsabilidad de funcionarios públicos de la época. Entre esos testimonios figuran declaraciones del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha señalado que el entonces gobernador de Antioquia habría tenido conocimiento de algunas operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe ha rechazado de manera reiterada esas afirmaciones y sostiene que nunca tuvo vínculos con grupos paramilitares ni participación en los hechos investigados.
La apertura formal de la investigación y el llamado a indagatoria no constituyen una declaración de responsabilidad penal. Esta etapa busca que el expresidente entregue su versión sobre los hechos mientras la Fiscalía continúa recopilando y valorando elementos probatorios antes de adoptar una eventual decisión de fondo.
La decisión se produce en medio de un escenario político y judicial de alta relevancia nacional, debido a que los hechos investigados corresponden a algunos de los episodios más graves del conflicto armado en Antioquia y porque involucran a quien fue gobernador del departamento entre 1995 y 1997 y posteriormente presidente de la República durante dos periodos consecutivos.
