SIC formula pliego de cargos contra Claro por presuntas irregularidades en venta y financiación de equipos tecnológicos en línea
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra la empresa Claro por presuntas irregularidades en la comercialización y financiación de equipos móviles y productos tecnológicos a través de su canal de comercio electrónico.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que formuló pliego de cargos contra la sociedad Comcel S.A., luego de adelantar una averiguación preliminar. Este proceso incluyó requerimientos de información, revisión de contratos de financiación y piezas publicitarias, así como visitas a la página web de la compañía.
De acuerdo con la entidad, entre los hechos investigados se encuentran posibles irregularidades en la información de promociones y ofertas, las cuales, al parecer, no incluían condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y el monto o porcentaje del descuento.
Asimismo, la SIC indicó que habría presunta información engañosa relacionada con la disponibilidad de los productos ofrecidos en línea, al no suministrarse de manera clara, veraz y oportuna la cantidad de unidades disponibles.
Otro de los aspectos señalados corresponde a la posible falta de información sobre el precio total de los productos, ya que, según la investigación, no se habría informado de forma visible el valor final al público incluyendo costos adicionales.
La autoridad también investiga un presunto condicionamiento del derecho de retracto, debido a que, aparentemente, se exigiría la presentación de la factura de compra como requisito para ejercerlo.
En materia financiera, la SIC formuló cargos por un posible cobro de intereses por encima de los límites legales en operaciones realizadas mediante sistemas de financiación propios de la empresa.
Finalmente, se indaga un posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico, específicamente por la ausencia de mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que permitan orientar y asistir a los consumidores en la compra de equipos celulares, productos tecnológicos y electrodomésticos.
La entidad precisó que la formulación de cargos no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. Durante el trámite administrativo se garantizará el derecho de defensa y contradicción de la empresa, conforme a lo establecido en la ley.
Según la SIC, esta actuación hace parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia en la información dirigida a los consumidores, especialmente en el comercio electrónico y en operaciones que involucren sistemas de financiación directa por parte de los proveedores.
