ONU pide garantizar recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda en Colombia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo este lunes 28 de septiembre un llamado a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El pronunciamiento se produjo luego de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en primer debate una propuesta que contempla una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De acuerdo con la información reportada sobre la ponencia, $30.000 millones corresponderían a gastos de funcionamiento y $140.000 millones a recursos de inversión. La propuesta todavía debe continuar su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Türk destacó el trabajo que vienen adelantando los mecanismos de justicia transicional creados a partir del Acuerdo de Paz de 2016 y señaló que su continuidad resulta necesaria para atender los derechos de las víctimas del conflicto armado. El funcionario también resaltó los procesos de justicia restaurativa en los que participan antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que han reconocido responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, manifestó el Alto Comisionado, quien calificó las medidas restaurativas desarrolladas en Colombia como un avance de relevancia internacional en materia de justicia transicional.
La discusión presupuestal ha generado posiciones diferentes. Desde la JEP se ha advertido sobre los posibles efectos que tendría una reducción de recursos para el cumplimiento de sus funciones, mientras que la propuesta impulsada desde sectores del Gobierno y del Congreso plantea trasladar parte de esos recursos hacia otras necesidades de la Rama Judicial, en un contexto de restricciones fiscales.
La JEP ha señalado que un recorte podría afectar áreas como la protección de víctimas, testigos y funcionarios, así como el funcionamiento de sus sedes, sistemas tecnológicos y otras obligaciones operativas. Estas advertencias hacen parte de la posición expresada por el propio tribunal frente a la propuesta presupuestal.
Naciones Unidas, por su parte, ha sostenido que la JEP y los demás mecanismos del Sistema Integral de Paz cumplen funciones relacionadas con la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de personas desaparecidas. La organización también ha reiterado que el Estado debe garantizar las condiciones financieras y de seguridad necesarias para implementar las decisiones adoptadas dentro del sistema.
El debate sobre los recursos de la JEP continuará ahora en el Congreso, donde deberá definirse el texto final del Presupuesto General de la Nación para 2027. Mientras avanza ese trámite, el pronunciamiento de Naciones Unidas vuelve a poner en el centro de la discusión la financiación de los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz y su capacidad para continuar atendiendo los procesos relacionados con las víctimas del conflicto armado.
