Gobierno de De la Espriella levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia
El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella levantó este martes 8 de septiembre la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado por el mandatario y el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López. La decisión modifica una restricción que se había mantenido durante los últimos años y permite restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y no tengan impedimentos legales.
De acuerdo con el decreto, las personas que ya cuentan con un permiso vigente para portar un arma no deberán tramitar una autorización especial adicional para ejercer ese permiso. Sin embargo, la medida no significa que se autorice el porte indiscriminado de armas de fuego ni que cualquier ciudadano pueda portarlas sin autorización, pues continúan vigentes los requisitos, controles y restricciones establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y demás normas aplicables.
La norma establece que no podrán beneficiarse de esta medida quienes tengan permisos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados, así como aquellas personas sobre las que exista una prohibición legal o judicial. Tampoco se habilita el porte de armas que únicamente estén amparadas por un permiso de tenencia. Las autoridades militares y de Policía mantienen sus facultades de control, inspección, vigilancia, incautación y decomiso.
Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.
Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026
Entre las condiciones que permanecen vigentes se encuentran contar con un permiso expedido por la autoridad militar competente, que el arma esté amparada específicamente por dicha autorización y cumplir con los requisitos establecidos en la legislación, relacionados, entre otros aspectos, con antecedentes y aptitud física y psicofísica.
De la Espriella defendió la decisión como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña y sostuvo que durante años se restringió a los ciudadanos que cumplen la ley mientras los grupos delincuenciales continuaron accediendo a armas de manera ilegal. El mandatario también afirmó que la medida busca permitir que quienes cuentan con los permisos correspondientes puedan ejercer su derecho a la defensa, al tiempo que insistió en que no se trata de establecer un porte libre de armas.
Según cifras divulgadas por el propio presidente, entre el primero de enero y el 3 de septiembre de este año la Fuerza Pública habría incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos. Estas cifras fueron utilizadas por el Gobierno como parte de la argumentación para defender su nueva política frente al porte y control de armas.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1368, el Gobierno busca modificar la política que durante varios años mantuvo suspendidos de manera general los permisos de porte, sin eliminar el sistema de autorizaciones ni los controles estatales sobre las armas de fuego. La decisión abre nuevamente el debate nacional sobre el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos autorizados a portar armas, las medidas de seguridad y los riesgos asociados a una mayor circulación de armas en el país.
