Gobierno anuncia reforma al Código de Tránsito: cambiarían multas, licencias y costos para conductores
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito que busca modificar diferentes aspectos relacionados con las multas, los trámites y los costos que deben asumir los conductores en Colombia. La iniciativa fue presentada por el mandatario luego del Consejo de Ministros realizado este sábado en Barranquilla y estará a cargo del Ministerio de Transporte, encabezado por Elsa Noguera.
De acuerdo con De La Espriella, la actual normativa, expedida en 2002 y reformada en cinco oportunidades, estaría desconectada de las condiciones actuales del país y de la capacidad económica de los ciudadanos. Por esta razón, ordenó avanzar en una reforma que, según explicó, deberá ser “moderna, justa y acorde con las necesidades del país”.
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con el valor de las multas de tránsito. El presidente anunció que propondrá al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de algunas sanciones, bajo el argumento de que las infracciones deben tener una consecuencia proporcional y no convertirse en una carga económica para las familias.
La propuesta también contempla revisar los costos que se generan cuando un vehículo es inmovilizado. El mandatario cuestionó que una multa pueda acumular intereses, cobros de patios y servicios de grúa hasta superar el valor de un salario mínimo y, en determinados casos, llevar a que una persona pierda el vehículo con el que trabaja.
#Política | Desde Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que cree un nuevo código de tránsito: “moderno y justo”.
Vía @lausaavedramhttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/qCB2nDUgd1
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 30, 2026
Otro de los puntos anunciados corresponde a los cursos que permiten acceder a descuentos en el pago de comparendos. El Gobierno plantea reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y eliminar el requisito de la denominada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención (CIA). También se busca fortalecer la participación directa de las autoridades de tránsito en estos procesos.
En materia de licencias de conducción, el Gobierno anunció que revisará sus costos y buscará eliminar cobros que considere innecesarios. Además, plantea aumentar su vigencia a periodos de entre ocho y diez años, aunque las condiciones definitivas todavía deberán establecerse dentro del proceso de reforma.
La revisión técnico-mecánica también estaría incluida en el nuevo Código. El Ejecutivo anunció que estudiará tanto su costo como la periodicidad con la que debe realizarse, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para la primera revisión de los vehículos nuevos. Por ahora, no se han definido nuevos valores ni fechas concretas para estos posibles cambios.
El Gobierno también anunció una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), con el propósito de identificar posibles duplicidades y reducir o eliminar tarifas asociadas a estos sistemas.
Las fotomultas hacen parte igualmente de la discusión. De La Espriella aseguró que buscará endurecer los controles para su autorización y establecer parámetros claros para la calibración de los equipos, con el argumento de que estos mecanismos deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo. La ministra de Transporte, por su parte, indicó que ya se trabaja en un borrador de reforma que incluye estos aspectos.
El Gobierno ha insistido en que los eventuales cambios no significarían una disminución de los controles destinados a proteger la vida en las vías. La propuesta busca, según el Ejecutivo, mantener las sanciones y las medidas de seguridad vial, pero reducir los costos y trámites que considera desproporcionados para los ciudadanos.
Sin embargo, ninguno de estos cambios entra en vigencia de manera automática con el anuncio presidencial. La propuesta deberá ser estructurada por el Ministerio de Transporte y, en los aspectos que requieran modificación legal, deberá surtir el trámite correspondiente ante el Congreso de la República. Por ahora, las multas, requisitos, tarifas y periodos establecidos en la normativa vigente continúan aplicándose.
