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Muerte del niño Kevin Acosta: Fiscalía imputará por homicidio culposo al exinterventor de la Nueva EPS

La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo lunes 24 de agosto una audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, dentro de la investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y falleció el pasado 13 de febrero, luego de sufrir un accidente mientras montaba bicicleta.

De acuerdo con la información conocida este miércoles, los citados son Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La Fiscalía busca imputarles el delito de homicidio culposo, en una investigación que pretende establecer si existieron omisiones relacionadas con la atención y seguimiento médico del menor.

El caso se remonta a diciembre de 2025, cuando Kevin habría recibido por última vez el medicamento que requería para el tratamiento de su hemofilia. Posteriormente, el menor sufrió una caída de bicicleta que le ocasionó un trauma craneoencefálico y una hemorragia, situación que agravó su estado de salud y terminó con su traslado a Bogotá, donde falleció el 13 de febrero. La Procuraduría había señalado previamente presuntas fallas en la atención del menor y remitió información a la Fiscalía para establecer posibles responsabilidades penales.

Además de las actuaciones relacionadas con los funcionarios de la Nueva EPS, la Fiscalía remitió información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine si existen elementos que permitan investigar al entonces presidente Gustavo Petro por presuntos delitos relacionados con el caso, entre ellos homicidio culposo en posición de garante y violación de datos personales agravada. Esta actuación corresponde a una solicitud de investigación y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal.

La investigación también contempla la presunta filtración de la historia clínica del menor, documento que posteriormente fue divulgado públicamente. La audiencia del 24 de agosto permitirá conocer la posición de la Fiscalía frente a los hechos y los argumentos con los que pretende sustentar la imputación contra los cuatro vinculados.

El caso de Kevin Acosta ha generado un amplio debate nacional sobre la atención a pacientes con enfermedades de alto costo y las dificultades en la prestación de servicios de salud. La responsabilidad individual de las personas investigadas deberá ser determinada dentro del proceso judicial y bajo las garantías correspondientes.

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