AltiplanoNacional

No les gustó la posible eliminación del 4×1.000: el Gobierno y los bancos pidieron archivar el proyecto.

El proyecto presentado por la congresista Katherine Miranda, que busca eliminar el impuesto del 4×1.000, sigue generando discusiones desde distintos sectores.

 

El Gobierno Nacional emitió un concepto no favorable para el avance del proyecto.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda establecen que la eliminación gradual de ese impuesto, a partir del año 2023, produciría un hueco en las finanzas públicas de 7,4 billones de pesos cada año, por ello solicitó archivarlo.

 Además, añadió que la propuesta de Miranda, que busca compensar el hueco que dejaría la ausencia del 4×1.000, con el recaudo de un impuesto a las personas de ingresos más altos sería poco viable, esto porque con la medida solo se lograrían recaudar cerca de 1,4 billones, comunicó el rotativo.

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo que  el desmonte del impuesto, sin un ingreso que lo reemplace, podría afectar en gran medida las finanzas públicas del país.

Gómez dijo que de ser aprobado el proyecto en su totalidad, la eliminación del impuesto se deberá hacer de la mano con el Gobierno Nacional, pues ese proceso afecta las finanzas públicas del país y necesita un aval del presidente, que podría ser el sucesor de Iván Duque.

Contexto

¿Cómo funciona el impuesto del 4×1.000?

De acuerdo con Asobancaria, ese tributo, que comenzó como el 1×1.000, es decir, el cobro de un peso, por cada 1.000 pesos retirados en entidades bancarias, se creó en 1998 con el decreto 2331 como respuesta a la crisis financiera doméstica que se vivía en el país por esa época. La medida tenía una vigencia de tan solo un año, pese a ello, el terremoto vivido en el eje cafetero en 1999 alargó el cobro del impuesto un año más y modificó sus términos de recaudo.

En el año 2000 ese impuesto pasó a ser del 2×1.000 y pasados unos meses aumentó a 3×1.000. En 2003 se elevó a 4×1.000 y en 2006 la tarifa se fijó permanentemente. En 2010 se había propuesto un desmonte gradual, similar al reciente proyecto de ley. Pese a ello, no pudo ser eliminado pues la crisis en el agro colombiano, por esos años, obligó al Gobierno a reconsiderar la decisión.

Aunque muchos sectores critican al impuesto, por supuestamente favorecer a la banca privada, lo cierto es que el recaudo de este gravamen llega únicamente a la banca pública, las cooperativas financieras y los alivios para el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), es decir, los bancos privados no reciben un peso.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba