Suspenden por seis meses a dos guardias del Inpec por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí
La Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, a dos dragones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por irregularidades relacionadas con el ingreso de un grupo musical a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, donde el pasado 8 de abril se realizó una parranda vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez.
Los funcionarios sancionados hijo Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes recibieron una suspensión e inhabilidad por seis meses, de acuerdo con el fallo de primera instancia del Ministerio Público. La investigación inició que ambos omitieron realizar las anotaciones y registros correspondientes en la minuta sobre el ingreso de la agrupación musical al establecimiento penitenciario.
Según la Procuraduría, la conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave, debido al incumplimiento de los deberes de control y registro que correspondían a los funcionarios. El organismo de control también señaló que los hechos tuvieron trascendencia social al generar cuestionamientos y desconfianza ciudadana frente al funcionamiento de las entidades encargadas de la administración penitenciaria.
La sanción tuvo en cuenta, además, la confesión realizada por los dos dragones durante la etapa de instrucción, circunstancia que permitió aplicar la reducción correspondiente a la medida disciplinaria. El proceso, sin embargo, no termina con esta decisión, pues el fallo es de primera instancia y continúan las investigaciones frente a otros funcionarios que podrían tener responsabilidad en los hechos.
La parranda vallenata generó una amplia controversia debido a que tuvo lugar en un establecimiento de alta y mediana seguridad donde permanecen recluidos integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Tras conocerse el caso, las autoridades anunciaron diferentes medidas de control y se iniciaron investigaciones disciplinarias y administrativas. El Ministerio de Justicia informó posteriormente sobre el fortalecimiento de los controles de seguridad en el penal y la instalación de sistemas de videovigilancia.
La Procuraduría mantiene abiertas las actuaciones contra los demás funcionarios vinculados a la investigación, por lo que todavía deberán establecerse las eventuales responsabilidades individuales de quienes pudieron intervenir u omitir controles relacionados con el ingreso y desarrollo del evento.
