Un juez especializado de Medellín ordenó la extinción del derecho de dominio sobre un inmueble que figura a nombre del exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, tras concluir que el predio tuvo origen en recursos provenientes del narcotráfico y que hizo parte de un esquema de testaferrato relacionado con el desaparecido Cartel de Medellín.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso judicial. Según la investigación, el inmueble, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, fue adquirido inicialmente con dineros ilícitos y posteriormente pasó por varias transferencias hasta quedar registrado a nombre del exfutbolista y de un familiar.
De acuerdo con la Fiscalía, el predio habría sido adquirido originalmente por un presunto testaferro de los hermanos William y Gerardo «Kiko» Moncada, quienes integraron el Cartel de Medellín y administraron bienes de esa organización criminal. La investigación también incluyó estudios documentales y periciales que permitieron reconstruir la cadena de transferencias del inmueble.
La sentencia precisa que la decisión de extinción de dominio recae sobre el bien inmueble y no constituye una condena penal contra René Higuita ni determina su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico. El proceso se centró exclusivamente en establecer el origen ilícito del predio.
El litigio por esta propiedad se extendió durante varios años. Durante ese tiempo, la defensa del exarquero sostuvo que el inmueble había sido adquirido de buena fe y que Higuita desconocía cualquier antecedente relacionado con su origen. Sin embargo, el despacho judicial consideró acreditadas las pruebas presentadas por la Fiscalía y ordenó que el inmueble pase a manos del Estado.
Con la decisión judicial, el predio quedará bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes afectados por procesos de extinción de dominio en Colombia, mientras se define su destinación conforme a la ley.
