El Gobierno Nacional puso a consideración de la ciudadanía un proyecto de decreto que busca modificar las reglas para la atención y manejo de las manifestaciones públicas en Colombia. La propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021 y permanecerá abierta para comentarios hasta el próximo 4 de octubre.
El proyecto está compuesto por 24 artículos y mantiene el diálogo, la prevención y la mediación como herramientas para atender las manifestaciones. Sin embargo, plantea cambios frente a los casos en los que se presenten hechos violentos, al establecer que las autoridades podrían intervenir directamente contra las personas involucradas en determinadas conductas, sin tener que agotar previamente todas las etapas de diálogo previstas en el protocolo.
Entre las situaciones contempladas se encuentran la utilización de armas de fuego, armas blancas, explosivos o elementos incendiarios; la toma de rehenes; ataques contra terceros, servidores públicos, integrantes de la Fuerza Pública, misiones médicas o periodísticas, así como la destrucción de infraestructura pública o privada. En estos casos, la intervención estaría dirigida de manera individual contra quienes participen en esas conductas, mientras el diálogo podría continuar con el resto de los manifestantes.
El documento también establece que la obstrucción de una vía, por sí sola, no convertiría automáticamente una manifestación en violenta. Una eventual disolución por este motivo tendría carácter excepcional y debería estar relacionada con una perturbación grave e inminente, teniendo en cuenta factores como la duración del bloqueo, la existencia de rutas alternativas, el impacto sobre vehículos de emergencia, el acceso a servicios esenciales y las afectaciones a residentes, trabajadores y establecimientos comerciales.
Otra de las propuestas es fortalecer el papel de los Puestos de Mando Unificado (PMU), que tendrían funciones de seguimiento antes, durante y después de las manifestaciones. Estos espacios deberían registrar las decisiones y actuaciones relevantes y, cuando se omitan etapas del protocolo antes de una intervención, dejar constancia de las razones y comunicar la situación al Ministerio Público.
El proyecto plantea además un mecanismo de gestión anticipatoria del conflicto social mediante un sistema de alertas tempranas. De acuerdo con el texto, cuando se active una alerta, las autoridades territoriales deberán convocar una mesa de diálogo y establecer mecanismos públicos para hacer seguimiento a los compromisos que surjan de esos espacios. La propuesta también señala que la participación en protestas, la pertenencia a organizaciones políticas o sindicales y la defensa de los derechos humanos no podrán utilizarse, por sí mismas, como motivos para actividades de inteligencia o contrainteligencia.
La iniciativa ya genera debate en distintos sectores. Algunos congresistas han expresado respaldo a una mayor capacidad de las autoridades para actuar frente a hechos violentos, mientras otros han planteado cuestionamientos sobre los límites de la facultad del Ejecutivo para reglamentar un derecho fundamental y sobre la necesidad de preservar las garantías constitucionales de quienes participan en manifestaciones pacíficas.
Por ahora, se trata de un borrador y no de una norma definitiva. El Ministerio del Interior recibirá observaciones de ciudadanos y organizaciones hasta el 4 de octubre, antes de continuar con el trámite correspondiente.
