Fiscalía imputa a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por caso de corrupción: $2.481 millones de presunto detrimento
La Fiscalía General de la Nación informó este 15 de septiembre de 2026 que identificó un presunto detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, relacionado con el direccionamiento de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De acuerdo con el ente investigador, los contratos, que en conjunto superan los 17.657 millones de pesos, habrían sido celebrados entre 2019 y 2023 para fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de gestión del riesgo y atención de emergencias, desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, la contratación directa se habría realizado sin el cumplimiento de los requisitos legales. La investigación también habría identificado posibles sobrecostos en los kits adquiridos durante la pandemia, así como pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que, presuntamente, no habrían sido prestados. El ente acusador sostiene además que en el esquema investigado se habría exigido el 15 % de los recursos involucrados en los contratos.
Entre las personas judicializadas se encuentra Miguel Andrés Quintero Calle, quien, de acuerdo con la Fiscalía, pese a no ser funcionario público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de tener incidencia sobre la contratación de la entidad. La Fiscalía señala que Quintero Calle habría ordenado direccionar los seis contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, a cambio del porcentaje señalado.
Por estos hechos, Quintero Calle fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. También fueron imputados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, quien se desempeñaba como abogada contratista de la entidad y participó en la elaboración de los estudios previos; y Sebastián de Dios Ortega Urán, señalado de recibir dinero en efectivo para posteriormente entregarlo a Quintero Calle. Los cargos fueron formulados de acuerdo con la presunta participación individual de cada uno.
Durante la audiencia, ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La imputación constituye el inicio formal de una etapa del proceso penal y no representa una condena; la responsabilidad de los investigados deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.
La investigación hace parte de un expediente más amplio sobre presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana y convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Reportes previos habían señalado que la Fiscalía venía recopilando elementos relacionados con la modalidad de contratación, la ejecución de los recursos y posibles sobrecostos en los acuerdos investigados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. La información se publica por razones de interés general.
