El director de Cornare, Javier Valencia, se pronunció sobre la decisión del Ministerio de Ambiente de autorizar la eutanasia asistida como medida para controlar la creciente población de hipopótamos en el país, una especie invasora que continúa expandiéndose en el Magdalena Medio. La determinación del Gobierno se da en medio de advertencias técnicas que señalan que, sin intervención, la población podría aumentar significativamente en los próximos años, generando mayores afectaciones a los ecosistemas y a especies nativas.
Según explicó Valencia, actualmente hay cerca de 200 hipopótamos en Colombia, de los cuales el 70% se encuentran en jurisdicción de Cornare. Frente a esta problemática, la corporación ha implementado estrategias como la traslocación, la esterilización y el confinamiento, medidas que, según el contexto nacional, han resultado complejas por sus altos costos y limitada efectividad frente al rápido crecimiento de la especie.
El directivo indicó que la eutanasia, contemplada inicialmente para 80 individuos, deberá desarrollarse bajo estrictos protocolos técnicos y con la creación de un comité de bioética, en articulación con autoridades ambientales y expertos internacionales. Además, precisó que su aplicación no será inmediata, sino que hace parte de un plan proyectado para el segundo semestre de 2026, en línea con el cronograma anunciado por el Gobierno nacional.
Valencia reiteró que, desde Cornare, se continuará priorizando acciones complementarias para el manejo de la especie, al tiempo que advirtió sobre su impacto negativo en la biodiversidad, los cuerpos de agua y las comunidades. De acuerdo con el Gobierno, la presencia de estos animales —introducidos en la década de 1980— ha generado alteraciones en los ecosistemas, contaminación del agua y riesgos para otras especies y poblaciones humanas.
Finalmente, el director recordó que existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 2012 que prohíbe la caza controlada, por lo que será necesario revisar el marco jurídico para viabilizar la implementación de esta medida. La decisión del Ejecutivo también ha generado debate en distintos sectores, entre quienes la consideran una acción necesaria y quienes cuestionan sus implicaciones éticas y ambientales.
