El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, con el que se pretendía reorganizar territorialmente el funcionamiento de las EPS en Colombia y establecer límites sobre cuántas aseguradoras podían operar en municipios y departamentos del país. La decisión del alto tribunal frena, por ahora, el traslado masivo de millones de usuarios hacia otras entidades, especialmente hacia la Nueva EPS.
La medida cautelar fue tomada por la Sección Primera del Consejo de Estado tras estudiar una demanda presentada por la representante Katherine Miranda, quien argumentó que el decreto vulneraba el derecho de libre escogencia de los usuarios dentro del sistema de salud. Según la demanda, la norma obligaba a varias EPS a retirarse de determinados territorios si no cumplían ciertos porcentajes mínimos de afiliados, lo que terminaría concentrando pacientes en pocas entidades autorizadas para operar en cada región.
De acuerdo con el análisis preliminar del tribunal, el decreto podría afectar principios constitucionales relacionados con la accesibilidad, disponibilidad, continuidad y calidad del servicio de salud. Además, el Consejo de Estado advirtió que no existirían suficientes estudios técnicos que demostraran que el traslado de millones de afiliados era viable sin poner en riesgo la atención de los pacientes.
El decreto también establecía restricciones según el tamaño poblacional de departamentos y municipios. En algunas zonas pequeñas del país solo podrían operar una o dos EPS, mientras que las entidades con baja participación en el mercado debían salir del territorio y entregar sus afiliados a otras aseguradoras. Según distintos análisis citados en el proceso, más de 6 millones de colombianos podrían verse impactados por esos cambios.
Otro de los puntos que tuvo en cuenta el Consejo de Estado fue la situación financiera y operativa de la Nueva EPS, entidad intervenida actualmente por el Gobierno. La corporación consideró que un traslado masivo de usuarios podría agravar los problemas de atención y generar afectaciones al sistema de salud.
Con esta decisión, la aplicación del Decreto 0182 queda suspendida mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad. El caso continuará en el Consejo de Estado, que posteriormente deberá definir si la norma es anulada definitivamente o si puede volver a entrar en vigencia.
