Cárcel de Bellavista podría ser piloto para bloquear señal de celulares y combatir extorsiones
La cárcel Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, podría convertirse en el primer establecimiento penitenciario del país en implementar un sistema de bloqueo de señales de telefonía celular, como parte de una estrategia para reducir las extorsiones y otras actividades delictivas que, según las autoridades, se coordinan desde las cárceles.
La propuesta fue presentada por el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina al ministro de Justicia, Iván Cancino, en el marco de las medidas que se analizan para impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para realizar llamadas extorsivas o mantener comunicación con integrantes de estructuras criminales en el exterior. El Ministerio de Justicia estudia actualmente la iniciativa.
El proyecto plantea que Bellavista sea utilizado como escenario para una prueba piloto que permita evaluar la efectividad de tecnologías de inhibición de señal dentro del establecimiento. La idea sería impedir que teléfonos celulares no autorizados puedan conectarse a las redes de los operadores móviles, mientras se mantienen habilitadas las comunicaciones que sean necesarias para servicios autorizados y de emergencia.
De acuerdo con la información divulgada sobre la propuesta, el eventual piloto requeriría coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las autoridades locales y los operadores de telecomunicaciones. También se contemplan controles más estrictos para evitar el ingreso de dispositivos móviles y un seguimiento permanente de las comunicaciones dentro del penal.
Uno de los argumentos utilizados para impulsar la medida es la cantidad de teléfonos celulares decomisados en establecimientos penitenciarios. Según cifras citadas por el representante Molina, entre 2025 y 2026 se han incautado más de 72.000 celulares en las cárceles del país, dispositivos que, según las autoridades, pueden ser utilizados para actividades delictivas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha señalado que se estima que alrededor del 17 % de las extorsiones en Colombia se realizan mediante llamadas originadas desde establecimientos carcelarios. La estrategia que se analiza busca reducir este tipo de comunicaciones y, de acuerdo con lo planteado por el Gobierno, llevarlas a cero.
Para el caso específico de Bellavista, la propuesta contempla además el posible apoyo tecnológico y logístico de la Alcaldía de Medellín. Aunque el establecimiento está ubicado en Bello, presta servicios a población de Medellín y hace parte del sistema penitenciario del área metropolitana.
El eventual bloqueo no se limitaría únicamente a los celulares encontrados dentro de la cárcel. La propuesta contempla una intervención tecnológica de las señales de los diferentes operadores, acompañada de controles físicos para evitar el ingreso de nuevos dispositivos y mecanismos de monitoreo que permitan determinar si efectivamente disminuyen las llamadas extorsivas.
Sin embargo, por ahora no existe un bloqueo de señal implementado en Bellavista. La iniciativa continúa en etapa de evaluación por parte del Ministerio de Justicia y, antes de su puesta en marcha, deberán definirse aspectos técnicos, operativos y de seguridad, entre ellos el alcance de la inhibición y la garantía de que las comunicaciones autorizadas y los sistemas de emergencia continúen funcionando.
De concretarse, Bellavista serviría como escenario de prueba para determinar si esta tecnología permite reducir las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios. Los resultados del eventual piloto podrían ser utilizados para evaluar una posible implementación de medidas similares en otros establecimientos carcelarios del país.
La cárcel Bellavista, oficialmente denominada Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello, es un establecimiento administrado por el Inpec y está ubicado en el sector Las Vegas de Bello. Según información oficial del instituto, el centro fue construido en la década de 1970 y durante su historia ha albergado a miles de personas privadas de la libertad.
Por ahora, el punto central de la propuesta es evaluar si el aislamiento tecnológico de las comunicaciones, acompañado de mayores controles internos, puede convertirse en una herramienta para dificultar las extorsiones y la coordinación de actividades criminales desde las cárceles.
