Recientemente Colombia ratificó el tratado internacional que versa sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (LAC), conocido como el Acuerdo de Escazú. Se trata de un acuerdo internacional de carácter vinculante, que se consolida como un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental destinado a promover y mejorar los derechos de todas las personas, tanto desde una perspectiva de derechos ambientales como de derechos humanos.
A través del mismo, se busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos de la misma índole. Busca proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con un desarrollo sostenible. Además, contiene cláusulas especiales para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. De acuerdo con Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, “ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”.
Este acuerdo se erige como una herramienta para dar respuesta a problemáticas y desafíos regionales, producto de la explotación y extractivismo de recursos naturales y la conflictividad socioambiental. A su vez contempla la prevención de conflictos, logrando que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y promueve mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. De esta manera contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente al actual modelo ineficiente e insostenible.
Debido a lo anterior, algunas personas de la región, quienes se han inquietado respecto a la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y las afectaciones ambientales y sociales que esta conllevaría, se han preguntado cómo este acuerdo podría, de alguna manera, obstaculizar el proyecto.
Precisamente DiariOriente habló al respecto con Oladier Ramírez, secretario general de la autoridad ambiental Cornare, quien aseguró que, cualquier ciudadano de la región puede tener acceso a la información respecto al proyecto, de una posible segunda pista, de la misma forma que pueden hacer uso de cualquier herramienta jurídica para oponerse a la construcción de la misma, tales como, la acción popular, acciones de cumplimiento, acciones de nulidad y restablecimiento de derechos.
“Se podría a través Escazú acceder a toda la información que hay del proyecto, no podría ocultar información, donde expliquen cuál va hacer el trazado, hasta dónde va el proyecto, cuáles son las condiciones del mismo, cuáles son los impactos que van a generar, cuáles son las fuentes hídricas que van a intervenir, las personas con Escazú tienen como exigirle al promotor del proyecto que le permita participar en el proceso de licenciamiento ambiental”, señaló Ramírez.
En definitiva, lo que ofrece el acuerdo es garantías para que haya un acceso real a la información, a los mecanismos de participación, acceso efectivo a la justicia y defensores de los líderes ambientales.
