Altiplano

Polémica en el Suroeste antioqueño por resolución de MinAgricultura que restringiría la minería, la ganadería y actividades turísticas

El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Agricultura firmó la resolución 377 de 2024, que establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Este proyecto busca delimitar 250.000 hectáreas del Suroeste antioqueño para actividades agrícolas prioritarias, dejando fuera otras actividades económicas como la minería y la ganadería, consideradas de alto impacto ambiental.  

La medida, firmada por la ministra Martha Viviana Carvajalino, ha generado rechazo entre sectores productivos y gremiales de la región. Según datos del Ministerio, las zonas seleccionadas representan el 39,2 % del total del territorio en la subregión, que históricamente ha basado su economía en el cultivo de café, la ganadería, la minería y el turismo.  

Congresistas como Hernán Cadavid han señalado que la resolución podría desatar una “incertidumbre jurídica” al limitar actividades económicas vigentes en los territorios seleccionados, además de la falta de socialización de la medida con las comunidades afectadas. Cadavid advirtió que la minería, particularmente en municipios como Jericó, Támesis, Amagá y Angelópolis, sería una de las principales perjudicadas.  

“Esta decisión parece tener como trasfondo una agenda contra la minería. Municipios como Angelópolis, que dependen económicamente de esta actividad, podrían enfrentar un golpe severo”, expresó Cadavid, quien además anunció que demandará la resolución y solicitará medidas cautelares para detener su implementación.  

Por su parte, desde Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 gremios del departamento, se expresó preocupación por el impacto en la competitividad de la región. “Esto provocará una parálisis en sectores productivos clave, afectando tanto a empresas como a comunidades”, señaló la organización en un comunicado.  

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, defendió la resolución asegurando que su propósito es proteger la región del extractivismo y garantizar el desarrollo agrícola sostenible, en línea con las demandas del campesinado local. “Esta decisión resguarda al Suroeste antioqueño de la minería, tal como me comprometí ante el pueblo de Jericó”, afirmó.  

El Ministerio de Agricultura también aclaró que la resolución busca promover diálogos con las comunidades para definir las áreas específicas y proteger el suelo rural en el contexto actual. Sin embargo, las inquietudes persisten, especialmente entre propietarios de tierras, quienes temen que los polígonos seleccionados limiten sus planes económicos y familiares.

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